El 62% del recibo de la luz corresponde al pago de impuestos y peajes o costes regulados por la Administración, aquellos que tienen que ver con la política energética que marca el Gobierno de turno, y en los que entran elementos como los denominados extrapeninsulares, que son las compensaciones que reciben las eléctricas por llevar la luz a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ese coste es de 1.800 millones de euros al año. De esta cuantía, la mitad la pagan todos los españoles en el recibo de la luz y la otra mitad va a los Presupuestos del Estado.
La industria gran consumidora de energía, como las siderúrgicas (caso de Alcoa o Megasa, instaladas en Galicia), no abonan este canon solidario, ya que estas empresas participan de un régimen especial. Sí lo hacen los pequeños y medianos empresarios, como los hogares.
Un desglose básico del recibo de la luz elaborado por la CNMC indica que de cada 100 euros, 37,48 corresponden al abono del consumo real de electricidad; 21,38 son impuestos, y el resto, 41,14 euros se destinan a los peajes y costes regulados. De éstos últimos, 17,22 euros son para las energías renovables; 10,04 para retribuir la distribución (las redes que llegan a los hogares y empresas), y 2,96 para pagar el transporte desde las instalaciones de generación hasta las redes de distribución. Otros 4,14 euros se destinan a compensar a Endesa para que los ciudadanos extrapeninsuales puedan pagar por tener luz lo mismo que los de la península y a la amortización del déficit se destinan 2,84 euros.
Son muchas las voces que han defendido que la factura de la luz recoja exclusivamente el consumo y otros costes directamente vinculados con su suministro, es decir, la generación, la distribución y el transporte, que permiten que la electricidad llegue a los hogares y a las empresas. El resto deberían eliminarse del recibo. Caso de las primas a las renovables y las subvenciones al carbón, que también han estado en el centro del debate.
Una de las personas que defiende esta posición es Maite Costa, que fuera presidenta de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) entre 2005 y 2011. También es una de las más antiguas reclamaciones de las compañías eléctricas, que entienden que la compensación por el transporte y la distribución a las islas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no se deberían considerar coste del sistema eléctrico y deberían pasar a los Presupuestos Generales del Estado, según fuentes del sector.
Remuneraciones en España
La economista Natalia Fabra, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en el análisis de la regulación y competencia de los mercados energéticos, explicó a este diario que el problema del recibo de la luz es que todas las fuentes de energía que se usan para la generación se remuneran al precio que marque la tecnología más cara, lo que provoca que la electricidad en España sea más cara antes de pagar impuestos que después. Además, el regulador reconoció a las empresas unos costes superiores a los reales en las energías renovables, y la falta de seguimiento de la capacidad instalada es lo que provocó el déficit de tarifa. Ahora que se empieza a recuperar parte de la inversión, en lugar de aprovechar la ventaja competitiva que España había conseguido en el sector, se optó por abandonarlo, lo que Fabra considera un error mayúsculo.
El Ministerio de Industria acaba de aprobar un cupo específico de 450 megavatios (MW) de potencia eólica para Canarias, que servirá para abaratar los costes de generación en el archipiélago y que disfrutarán de un régimen retributivo específico. Lo que ha hecho el Gobierno ha sido aplicar la nueva Ley del Sector Eléctrico aprobada en diciembre de 2013, donde se establece la posibilidad de que el Ejecutivo pueda fijar un régimen retributivo específico para fomentar la producción de renovables, aunque sólo de forma excepcional. También en junio aprobó un real decreto en el que se establece un régimen retributivo específico para la fotovoltaica y la eólica en los territorios extrapeninsulares. La Asociación Empresarial Eólica ya mostró su indignación y exigió el mismo trato, con carácter retroactivo, para los parques ya en funcionamiento.
De momento, el Gobierno no se plantea modificar el reparto de costes. En el entorno del Ministerio de Industria se indica que es "una cuestión de solidaridad".
