El aumento de los parados de larga duración que ya agotaron todas las prestaciones y subsidios por desempleo es un importante problema social en España pero, indirectamente, alivia las mermadas arcas públicas, que reducen el gasto en ayudas a profesionales sin trabajo. El alza de los desempleados que suman más de dos años anotados en el antiguo Inem hace que cada vez haya menos beneficiarios de la prestación contributiva (que se cobra hasta un máximo de dos años), que es la que supone un mayor desembolso. En el caso de Galicia, la paga media por paro roza los 770 euros, frente a los 426 euros del subsidio y de la Renta Activa de Inserción.

En estos casi tres años de legislatura el número de gallegos que cobran la prestación contributiva pasó de casi 77.000 en octubre de 2011 a 57.866 en junio pasado. Mientras, el número de parados que cobran el subsidio apenas varió, lo mismo que en la renta de inserción. Este menor peso de los gallegos con paro favoreció que el gasto del Estado en todo tipo de prestaciones por desempleo bajase en Galicia un 18% en esta legislatura, de los 131 millones al mes de 2011 a los casi 108 millones actuales.

A esa reducción ayudó también la medida del Gobierno de Rajoy, aprobada en enero de 2013, de que a partir del séptimo mes de paro los desempleados solo cobren el 50% de su base de cotización, frente al 60% que regía hasta entonces.

La situación en España es similar. El Ministerio de Empleo gasta un 21% menos en prestaciones y subsidios. De los 2.461 millones gastados en octubre de 2011 se pasó a 1.946 el pasado junio.