El director financiero de Novagalicia, Enrique Tellado, planteó el 15 de diciembre de 2011, durante una reunión de la comisión de auditoría del banco, convocar para las semanas siguientes un consejo de administración monográfico para dilucidar si la entidad tendría que realizar un "importante ajuste" contable. El directivo, hoy consejero delegado de EVO, explicó que el 30 de noviembre había concluido el plazo para retasar los activos de la entidad -de acuerdo con la normativa que permitía modificar el valor de los activos en el primer balance de la fusión de las cajas- y que la ínfima valoración de 181 millones que el Banco de España hizo de la caja gallega "podría obligar a realizar un importante ajuste contra reservas".
Esta reunión se produjo justo la víspera de que 19 empresarios gallegos acudiesen a una notaría compostelana a firmar un compromiso de inversión por un total de 70 millones.
Este ajuste, que finalmente fue de 1.127 millones, llevó al banco a cerrar 2011 con unas pérdidas de 185 millones, apenas tres meses después de que el Estado inyectase 2.465 millones en la entidad que poco tiempo después se revelaron insuficientes y obligaron -junto con los dos decretos de saneamiento de 2012- a pedir el rescate europeo.
La intervención de Tellado quedó reflejada en un acta de la comisión de auditoría aportada al pleito promovido por Gadisa contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y NCG Banco por la pérdida de su inversión -10 millones de los 70 que pusieron los empresarios gallegos en enero 2012- en Novagalicia ,precisamente como consecuencia del rescate financiero. Ésta y el resto de las cuatro demandas presentadas persiguen la nulidad del contrato de compraventa.
El contenido del acta fue revelada por la representante legal del fondo de rescate bancario, la abogada del Estado Adela Álvarez Caramés, durante la segunda y última vista del juicio de Gadisa. Para la letrada, que enfatizó que el presidente del grupo, Roberto Tojeiro, estaba presente en la reunión, como miembro de la comisión de auditoría, este documento prueba que el empresario sabía que la situación de la entidad no era tan prometedora como recogían los documentos distribuidos a los inversores "al menos desde un mes antes" de ingresar sus 10 millones. Álvarez Caramés pretendía desmontar así la declaración que el empresario hizo el jueves, cuando aseveró que de haber sabido que la entidad pretendía hacer un ajuste de 1.000 millones de euros, habría dado marcha atrás a su inversión. Tojeiro aseguró además que se enteró de que NCG pretendía recortar el balance de la fusión en 1.600 millones -finalmente fueron 1.127- el 16 de enero, cuatro días después de depositar su capital, una afirmación que la abogada consideró "no real".
El tamaño del recorte
Lo cierto es que el presidente de Gadisa reconoció ante la titular del juzgado de Primera Instancia número 1 que sabía que el banco podría hacer un ajuste del asiento de fusión, pero detalló que creía recordar que los directivos entendían una cifra "significativa" a partir 50 millones, y añadió que nunca imaginó que las necesidades de capital fuesen de al menos un tercio de los activos ponderados por riesgo del banco.
La abogada del Estado, que sorprendentemente apenas hizo tres preguntas a Tojeiro durante su comparecencia, aprovechó la presentación de conclusiones de las partes para arremeter contra el denunciante.
La letrada cuestionó además la versión del empresario, cuando afirmó que ante la incompatibilidad de pertenecer al consejo de NCG y negociar la entrada en su accionariado, el consejo de administración de Gadisa designó a otras personas que continuaron las conversaciones y cumplió el compromiso de confidencialidad impuesto en el consejo de NCG. "Hablar de confidencialidad es una cosa, como no revelar datos concretos, y otra es aconsejar a la empresa no realizar la inversión de 10 millones. El contrato de compra fue firmado por él, no por un apoderado", dijo Álvarez Caramés.
La letrada también puso en duda el enfado que, según Tojeiro, mostró tras conocer el volumen del recorte de patrimonio, porque no quedó reflejado en las actas del consejo de administración del 16 de enero. "Los inversores gallegos entraron e el capital porque era una buena inversión y como dijo textualmente el señor Tojeiro, por la satisfacción de invertir en esta tierra", zanjó.
La representante del Estado insistió además en las conclusiones emitidas el pasado miércoles, en el juicio por la demanda de otros siete empresarios. Según su tesis, la inversión no se perdió por el recorte del balance de la fusión -"ya implícito en la valoración de la entidad en 181 millones"- ni por la normativa sobre provisiones sino un año después de ingresarse, porque así lo exigió la normativa del rescate europeo. Cuestionó además la fecha del balance "confidencial" aportado a la causa y utilizado por la acusación como prueba de que el banco y el FROB conocían el volumen del deterioro y las pérdidas el 10 de enero, y aseguró que se desconoce su fecha real.
Un ajuste previsible
El abogado de Novagalicia, Borja Fernández, coincidió con la del FROB -llevan estrategias parejas- en asegurar que el ajuste contable era previsible desde que el Banco de España valoró el negocio financiero de la caja única gallega en 181 millones, por el desfase entre esa cantidad y el patrimonio neto de la entidad, de 1.711 millones.
Fernández defendió que el banco facilitó información cierta y consistente a los inversores y que los balances entregados en mayo o agosto reflejaban la realidad de ese momento. También que NCG no asumió el compromiso de actualizar esos datos y que a partir de la entrada del FROB en el accionariado del banco, la información ofrecida a los empresarios era más genérica, "sin datos cualificados". Para Novagalicia, el contrato que firmó con los inversores, le obligaba crear una oficina de atención al inversor, pero no a ofrecer la documentación actualizada.
La información reservada
El abogado de Tojeiro, Daniel Jiménez, insistió en que el comité ejecutivo del banco celebrado el 11 de enero de 2012 analizó un proyecto de presupuesto para el ejercicio que recogía un ajuste de 1.600 millones y que en el consejo de administración del 16 de enero, los directivos revelaron que habían tenido una reunión con la cúpula del Banco de España y el FROB en la que se les había transmitido que se aprobaría una nueva normativa que obligaría a provisionar 50.000 millones a la banca española. Estas dos cuestiones, según el letrado, tenían un impacto total equivalente al 70% el patrimonio neto del banco.
Precisamente en estas fechas, el consejero delegado del banco, César González-Bueno, manifestó que NCG había entrado en pérdidas en septiembre de 2011 y los directivos debatieron en las reuniones de los órganos de gobierno sobre el tremendo impacto que tendría entre la clientela y en el mercado cargar todo el ajuste de 1.127 millones a los resultados del ejercicio, lo que habría disparado las pérdidas muy por encima de los 185 millones con que cerró 2011.
Para Jiménez, las dos vistas del juicio permitieron demostrar que NCG y el FROB actuaron con secretismo y que engañaron a su cliente, al que sólo trasladaron datos sobre la buena marcha del banco y su proyección futura. "La realidad es que la inversión estaba perdida desde el momento en que se realizó y tanto NCG como el FROB lo sabían", dijo.
En la vista de ayer volvieron a declarar los tres peritos de las partes: José Enrique Rovira (Gadisa), José Luis Sanchidrián (FROB) y Juan Solana (NCG), que apoyaron las versiones de sus respectivos clientes sobre si era o no previsible el ajuste contable de la fusión o si la entidad era o no viable después de ejecutarse.
