El "principal actor" es, señalan las fiscales, "Julio Fernández Gayoso, que quiere que sus amigos y viejos colaboradores se jubilen en las mismas condiciones que él". Las fiscales le acusan de ser "cooperador necesario" junto con Ricardo Pradas, y de ocultar "todo lo que no convenía a los directivos" en su informe y explicaciones al consejo de administración. Los "seis actos" en los que las fiscales articulan "la obra" parten del consejo de Caixanova de octubre de 2010, antes de la fusión, cuando se abordó el pacto laboral y las adaptaciones de los contratos de alta dirección. Para las fiscales, "es imposible saber si los consejeros conocían los anexos con los contratos". Aún así, y pese a que las actas están firmadas, mantienen su acusación de engaño.
El Ministerio público también asegura desconocer "la razón" por la que Pego lleva a ese consejo la información de los contratos. E interpreta que los directivos se quisieron "cubrir las espaldas" aparentando su deseo de seguir con los planteamientos de desistimiento remitidos al Banco de España y el envío también al organismo del impacto de los desistimientos. Una idea que choca con la declaración de los testigos del Banco de España, que dijeron que eso lo habían pedido ellos.
Las fiscales hacen suyo el argumento de Regueiro que aseguró que los 18,9 millones, fueron "lo mismo" que cobraron todos los prejubilados, cuando según la caja el ERE tuvo un coste de 350 millones. Añaden que existió "un engaño contable" porque la dotación de los contratos no se hizo con cargo a los resultados, sino a la provisión genérica, una práctica habitual en el sector, según algunos testigos.
