La reciente transposición al derecho español de la directiva europea 2011/76, conocida como euroviñeta -gravamen aplicado a vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras-, enciende la alarma en el sector. Aunque la ministra de Fomento, Ana Pastor, se comprometió con los transportistas a no aplicar el impuesto "durante esta legislatura", el negocio sobre ruedas teme que este Gobierno central -o el que salga elegido de las urnas a finales de año- no pueda renunciar a una nueva vía de generación de ingresos ya implantada en países de la Unión Europea como Alemania, Suiza, Austria, República Checa, Eslovaquia y Polonia. Por el momento, en julio puso en marcha el plan por el que el Ejecutivo trasvasa los vehículos pesados desde 16 tramos de autovía hasta las autopistas de peaje paralelas (con bonificaciones). Entonces sumará un total de 1.360 kilómetros de circulación obligatoria por vías de pago. Las asociaciones profesionales califican esta medida como una "euroviñeta encubierta".
Varios estados del Viejo Continente y algunas autonomías españolas -como Cataluña y País Vasco- han iniciado trámites para aplicar un peaje que no es de "obligado cumplimiento" según la normativa de Bruselas. Si la euroviñeta sólo se aplicase a los camiones su repercusión sería de 0,12 euros por kilómetro y si afectase a todo tipo de vehículos, la cantidad se reduciría hasta 0,01 euros. ¿Deben establecerse estas tasas en las autovías españolas?
Los expertos reunidos recientemente en la jornada Criterios para la justa aplicación de las tarifas en las carreteras españolas sostienen que el transporte "no se opone a la implantación de la tasa siempre y cuando se garantice que se pueda repercutir", explica el director general de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic), Ramón Valdivia. Esta patronal lamenta que cada vez sean más los países europeos que establecen sistemas para el pago de autopistas y autovías a través del mecanismo autorizado por la UE.
El presidente de la asociación Fenadismer, patronal de pymes y autónomos del transporte, Julio Villaescusa, se muestra más excéptico: "Sabemos que es casi imposible repercutir esa tasa al consumidor final".
Tal como ocurrió en Francia, la euroviñeta no podrá implantarse en España si no existe un acuerdo previo con el sector del transporte, un colectivo que se opone frontalmente a que el pago por uso se aplique "única y exclusivamente" al ámbito de los vehículos de mercancías, dejando fuera de la medida a los turismos. Esta fue una de las principales conclusiones de la jornada celebrada por los profesionales del sector sobre la materia.
Los empresarios coincidieron al señalar que la posible implantación de la euroviñeta en España debería ir acompañada de determinadas medidas. Entre ellas citan la neutralidad fiscal y tarificación a otros modos de transporte, políticas de descuentos, uso de los ingresos para la carretera, facturación y transmisión de costes al cliente, tecnologías de peaje en armonía con los países del entorno, así como los incentivos para la renovación del parque de vehículos y la armonización a escala europea.
Presión de los ecologistas
Mientras tanto, la presión de ecologistas, lobbies de constructoras y gestores de autopistas aumentan cada vez más. Bajo la aplicación del principio de que el que contamina paga, parece razonable que las infraestructuras las financien los que las usan. "Pero no es justo que los transportistas españoles paguen por las autopistas alemanas, cuando las usan mientras que los alemanes circulan gratis por nuestras autovías", sostienen los dirigentes del transporte. Y recuerdan además que esa discriminación ha provocado la denuncia de organizaciones profesionales de toda la UE, con lo que Bruselas ha tomado cartas en el asunto. Así, Berlín ha decidido congelar los peajes "para extranjeros" de las carreteras germanas y ha abierto un expediente por considerarlos discriminatorios.
El sector del transporte español mantiene una postura claramente contraria a la euroviñeta porque las actividades relacionadas con las rutas terrestres soportan impuestos sobre hidrocarburos. Y también sostiene que es injusto que otros usuarios de las carreteras, como los vehículos particulares, no paguen nada.
Los transportistas consideran que la posibilidad de esta nueva figura impositiva puede complicar aún más su actividad, ya muy mermada como consecuencia de la crisis económica. Las dificultades provocaron que el parque móvil español perdiese miles de camiones desde 2008 y que muchos profesionales tuviesen que ofrecer tarifas cercanas a precios de coste para poder mantener su actividad y competir con las grandes compañías.
