La aluminera estadounidense Alcoa anunció esta semana que en 2016 se dividirá en dos empresas independientes cotizadas, una situación que "preocupa e intranquiliza" a la plantilla de la fábrica que el grupo tiene en A Coruña. La causa de esta preocupación es que los trabajadores conocen "la explicación técnica" de esa segregación pero no "el objetivo final". "Lo que pretende hacer con esta reestructuración solo lo sabe la empresa. Como es habitual, ofrece poca información", lamenta el presidente del comité de empresa de la planta de A Grela, Juan Carlos López Corbacho.

El consejo de administración de Alcoa aprobó "por unanimidad" un plan para dividir la empresa en dos compañías líderes en su sector, una operación que está previsto se complete en la segunda mitad de 2016. De la escisión de Alcoa surgirá una compañía global que mantendrá el nombre actual e incluirá el negocio de aluminio primario, que cuenta con cinco grandes áreas (bauxita, alúmina, aluminio, fundición y energía) e incluye las fábricas españolas. La otra compañía agrupará la parte de productos de "valor añadido" (intermedios o finales), sin nombre decidido aún, que incluirá sus actividades de productos y soluciones de ingeniería y de soluciones de transporte y construcción.

"Da la impresión de que Alcoa pretende tener dos grupos con dos velocidades de negocio: uno que dependa del aluminio primario y otro con valor añadido, con lo que desvincula a este último de la cotización del LME (la Bolsa de Metales de Londres)", explica el portavoz de la plantilla coruñesa. "Así las cuentas estarán separadas y solo Alcoa, la de aluminio primario, se verá afectada en sus resultados y en su evolución bursátil por el precio del LME. Ahora mismo incide en las dos partes de la empresa", añade López Corbacho, que subraya que en los últimos tiempos hay "muchos movimientos" en la aluminera, lo que "genera crispación e intranquiliza a la plantilla".

Alcoa aún no tomó ninguna decisión sobre las plantas españolas -pesa la amenaza de cierre sobre las de A Coruña y Avilés (Asturias), con 400 trabajadores cada una- tras la subasta de los incentivos eléctricos, un sistema en el que el Gobierno reconoce que habrá que hacer cambios en 2016. El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, admite que debe haber mayor flexibilidad en casos de incumplimiento, pero recordó que la firma Innovyn-Solvay -que quedó fuera de la última puja por este motivo- conocía las reglas y, aún así, las incumplió.