La fractura abierta en la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) por el resultado de las elecciones del pasado 26 de febrero -en las que Jorge Cebreiros se impuso como presidente a Luís Novoa por tres votos de diferencia- ha llegado a un punto de inflexión. ¿Hubo de verdad pucherazo en las votaciones como denuncian una decena de organizaciones empresariales que apoyaron al candidato perdedor o simplemente no han sabido aceptar la derrota, como defiende la propia Confederación?
Para las asociaciones demandantes no hay duda y así se lo expusieron ayer a través de sus representantes legales a la titular del juzgado de Primera Instancia nº1 de Vigo, María Isabel Castro Martínez, en la segunda y última jornada del juicio por las supuestas irregularidades en el proceso electoral de la CEP.
El bautizado como sector crítico ve probadas las irregularidades en el proceso, tanto en la confección del censo electoral (argumenta que entre diciembre de 2014 y enero de 2015 afloraron siete nuevas asociaciones en el censo, representadas por 19 vocales con derecho a voto, a los que se suman otros 11 correspondientes a empresas individuales), como en el desarrollo de las votaciones y en una veintena de delegaciones de voto, en las que sí se ha verificado que hubo suplantación de firmas (aunque éstas no alterarían el sentido del voto, según declararon los propios delegantes). Por todo ello, la parte demandante exige la impugnación de las elecciones.
La defensa de la CEP, por contra, defiende la legalidad de todo el proceso: la confección del censo (esgrime, por ejemplo, que Luís Novoa, en calidad todavía de presidente, convocó las elecciones con conocimiento del nuevo censo y no puso objeciones), el desarrollo de las votaciones (que "respeta minuciosamente los estatutos") y la actuación de los técnicos en la jornada de las elecciones. "Todo el proceso respetó minuciosamente los estatutos y el reglamento interno de la CEP", recalcó el abogado de la Confederación. "El resultado (de las elecciones) se debe mantener porque es la voluntad de los vocales de la asamblea. No hubo fraude, alguien no ha aceptado su derrota y pretende conseguir aquí lo que las urnas no le han dado", concluyó.
"Completamente viciado"
La juez llamó ayer a declarar en calidad de perito al abogado Luis González Navarro, cuyos servicios habían sido solicitados por el presidente de la mesa electoral, José Mañas, una vez estalló la crisis interna en la Confederación y ante las sospechas de supuestas irregularidades el día de las elecciones. González aseguró ante la juez que hubo un "engaño deliberado" y que el proceso estaba "completamente viciado". El perito hizo referencia a las cinco delegaciones de voto en las que hubo suplantación de firmas, a la presentación de DNI caducados y a "ocultaciones intencionadas" en el listado de votantes que aparece en el acta original. Para la parte demandada, las aportaciones de González no deben ser tenidas en cuenta por su afinidad con la parte demandante.
El cisma en la CEP se agravó tras el resultado de las elecciones del 26 de febrero, aunque la fractura y la formación de bandos comenzó un mes antes, con la presentación de Jorge Cebreiros como candidato a presidente. El empresario del sector de las TIC compareció el 6 de febrero con un aspirante a vicepresidente por Industria que buscaba desestabilizar a las asociaciones hegemónicas del sector, como Asime, Instalectra, Foncalor o Atra: José García Costas. El industrial vigués, presidente del mayor astillero privado gallego (Hijos de J. Barreras), de uno de los mayores consorcios de empresas auxiliares del naval y presidente de la Cámara de Comercio se presentaba a vicepresidente apoyándose en su vocalía en la asamblea general de la CEP en representación de Asime, sin el plácet de la junta directiva de la patronal gallega del metal.
Durante unos días, y tras la decisión inesperada del presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), Javier Touza (que a priori apoyaba a Novoa), de renunciar a ser candidato por Industria una vez se había cerrado el plazo para presentar listas (evitando que cualquier otra organización industrial plantase batalla al candidato de Cebreiros), García Costas llegó a ser el único aspirante al puesto, lo que llevó a Asime a retirarle la vocalía en la asamblea general de la CEP. La decisión de la patronal gallega del metal invalidó la candidatura del presidente de Barreras, obligó a suspender de forma temporal la elección de vicepresidente por Industria y avivó una lucha entre las partes que ocho meses después continúa.
El cisma de la patronal estalló después de que el presidente de la confederación gallega y expresidente de la provincial pontevedresa, José Manuel Fernández Alvariño, hubiese logrado derrocar en las urnas a su etermp adversario de A Coruña, Antonio Fontenla. Su mandato nunca fue un camino de rosas, precisamente por la oposición de Fontenla. La crisis en el seno de su organización de origen -de la que cierto sector le responsabiliza- desestabilizó meses después los apoyos de Alvariño en la organización gallega, que todavía tiene pendiente de aprobar las cuentas del ejercicio pasado y el presupuesto del presente.
