Hace dos años ya que el Consejo de Ministros abrió la puerta a que los servicios públicos autonómicos de empleo echaran mano de agencias privadas para colocar parados. El procedimiento se estancó porque las pequeñas empresas de trabajo temporal, las ETT, denunciaron los criterios de selección y el tribunal estatal que vigila la contratación pública les dio la razón. Solucionado el problema, las comunidades iniciaron sus propios concursos a partir de la selección de firmas que pasaron la criba del Gobierno central. En septiembre la Xunta hizo las cuatro primeras adjudicaciones. Tres están formalizadas.
El resto va más lento de lo esperado por las renuncias de algunas de las ganadoras. Las agencias con mejor puntuación han desistido en los dos lotes del servicio en Lugo (el destinado a los perceptores de la renta Activa y el que reunía a los beneficiarios de la Risga y otros parados de larga duración) y otro en Pontevedra. En uno de los contratos de Lugo, además, hubo dos renuncias.
