Gas Natural Fenosa acusó ayer a la Fiscalía Provincial de A Coruña de pretender beneficiar a quienes defraudan a la compañía eléctrica al no pagar sus recibos o impedir a sus operarios leer los consumos que registran sus contadores. Ésta fue una de las tesis empleadas por el letrado de la compañía eléctrica durante la vista para resolver las medidas cautelares que el Ministerio público reclamó cuando en octubre cursó la demanda colectiva contra Gas Natural por facturación abusiva. Como ya adelantó este diario el mes pasado, el juzgado admitió a trámite la denuncia y el próximo 4 de abril las dos partes se enfrentarán en un juicio.
Tras la vista celebrada ayer en el juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, el magistrado tendrá que decidir si atiende lo exigido por la Fiscalía e impone a la eléctrica, el cese de los cortes de luz a los clientes a los que ha enviado facturas con errores o irregularidades, y veta facturar consumos con más de un año de retraso. El Ministerio público alega que los recibos con demoras superiores al año contravienen la legislación del sector eléctrico y que amenazar con cortar la luz e inscribir en registros de morosos a los usuarios que reciben facturas erróneas es una práctica abusiva, recogida en la ley de protección de los consumidores, motivo que le ha llevado a actuar de oficio y presentar una demanda colectiva.
El fiscal defendió en la vista las medidas cautelares en la necesidad de que los clientes no tengan que esperar a que la sentencia sea firme -de prosperar, es más que previsible que Gas Natural dé la batalla en instancias judiciales superiores- en un servicio esencial en su día a día y sobre todo de un sector "estratégico" al que se le debe exigir "un estándar superior" y cuyas prácticas afectan al interés general de la población.
Gas Natural Fenosa sin embargo se opuso y advirtió de que aceptar las pretensiones de la Fiscalía supondría modificar su sistema de facturación por una cifra testimonial de casos. La compañía eléctrica reconoció que en 2015 giró 15.700 facturas con consumos realizados más de un año atrás, un 0,03% del total de las del ejercicio (20 millones de recibos) y que 4.500 de ellos fueron por fraudes de consumidores, con lo que la cifra de facturas erróneas asciende a 11.200 de un total de 20 millones. El letrado advirtió además de que la compañía decidió en enero pasado dejar de enviar facturas con más de un año de retraso -la Fiscalía interpuso la demanda en octubre- aunque sostuvo que la ley le ampara porque no establece un plazo máximo o mínimo, al margen de los cinco años de prescripción.
La compañía eléctrica advierte de que el fiscal con sus peticiones protegería a los defraudadores y perjudicaría a quienes cumplen con su contrato porque, defendió su letrado, los ingresos por facturas no van a las cuentas de las comercializadoras sino a una "caja única del sistema eléctrico" cuyos fondos son distribuidos luego por el Ministerio de Industria en función de una serie de factores.
La firma se vería perjudicada si el juez acepta las peticiones del fiscal, ya que según su abogado, cambiar el modo de tarificación supondría "modificar el sistema informático" de Gas Natural Sur, una cuestión "extremadamente compleja y cara" y "materialmente imposible" de cumplir antes de que el juez dicte la sentencia por la demanda, cuyo juicio está previsto para dentro de dos semanas.
El fiscal, que aportó en su denuncia 65 expedientes sancionadores por prácticas supuestamente abusivas que el Instituto Galego de Consumo (IGC) abrió solo en los municipios más próximos a A Coruña a Gas Natural, aseguró que existen casos de clientes que recibieron facturas de más de 3.000 euros por consumos anteriores a un año y defendió la necesidad de interrumpir la "conducta ilícita" de "girar sistemáticamente" facturas "que incumplen la legislación". "La ley dice claramente que es abusiva en todos los casos la cláusula que traslada al consumidor las consecuencias económicas de errores que no le son imputables", defendió el representante del Ministerio público en la vista.
La firma admite la ilegalidad
El representante de la Fiscalía dejó claro que su pretensión no es defender ni proteger al defraudador, que "puede ser excluido" de la demanda y sostuvo además que hasta la propia compañía reconoció la ilegalidad de sus facturas en los expedientes sancionadores o en respuesta a las demandas de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de A Coruña, en las que expone que las facturas "deben ser rectificadas" y decide no sólo anular el recibo, sino también compensar al cliente por una deficiente calidad del servicio y pagar una sanción de 3.000 euros. El Ministerio público reconoce que cuando estudió el caso no conocía la dimensión de este problema y que al solicitar al IGC que le remitiese todos los expedientes, el organismo le confesó que esa recopilación le "desbordaría". "Gas Natural sólo devuelve las facturas erróneas [...] ha hecho sus cuentas y le compensa pagar las sanciones de 3.000 euros antes que modificar las facturaciones", dijo.
El Ministerio público sostiene que presenta 65 casos de la comarca de A Coruña que en su opinión evidencian que el número de afectados es enorme en Galicia y en España pero es incapaz de definir la cifra exacta, entre otras cosas porque sólo existen datos de quien reclama, que no necesariamente son todos los afectados: "No podemos esperar a la firmeza de la sentencia contra esta práctica abusiva que hay que cortar de raíz, ya que las sanciones administrativas no han producido un efecto disuasorio".
