La Audiencia Nacional decretó ayer la apertura de juicio oral a los ocho exdirectivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) acusados de varios delitos, entre ellos estafa y falsedad documental, e impuso 1.592,4 millones de euros de fianza, tal y como solicitaba el fiscal. Los ocho acusados disponen de 24 horas para depositar los cerca de 1.600 millones de euros de fianza que solicita el fiscal, que atribuye a los ocho antiguos miembros de la cúpula, entre ellos el expresidente de la entidad Modesto Crespo y los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, los delitos de estafa continuada agravada, apropiación indebida y falsedad documental en 2010 y 2011.
El resto de los encausados son el exdirector general de Planificación y Control Teófilo Sogorb; el exdirector general de Recursos Vicente Soriano; el exdirector general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez; el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.
Delitos en función del cargo
A los delitos imputados a los ocho acusados, el fiscal añade otros en función de los cargos desempeñados por cada uno en la entidad financiera, aunque solicita el sobreseimiento provisional de la causa contra Crespo.
El Ministerio Público pide siete años y medio de cárcel y multa de 180.000 euros para López Abad, Amorós, Sogorb y Martínez García como autores de falsedad contable y estafa. Más flexible se muestra con los presuntos cómplices, Sabater Navarro y Ochoa Pérez, para quienes solicita un año y dos meses de prisión y multa de 9.000 euros; mientras que pide para Soriano Terol diez meses de cárcel y 12.000 euros por delito de estafa.
De cara a las vistas orales, el fiscal propone la comparecencia de más de una decena de testigos, entre ellos varios peritos aportados por el Banco de España.
El Fondo de Garantía de Depósitos, por su parte, atribuye también al expresidente Crespo, a Amorós y a Teófilo Sogorb un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, por lo que solicita nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros. El organismo reclama la misma cantidad para López Abad y Martínez por falsedad societaria, al tiempo que pide tres años de prisión, frente a los dos años de cárcel y multa de 81.000 euros para Sabater Navarro por falsedad societaria.
El fondo requiere además a los peritos que realizaron los informes sobre los estados financieros de la caja antes y después de su intervención en julio del 2011.
La apertura de juicio llega semanas después de que la juez instructora, Carmen Lamela, archivase la causa por la venta de cuotas participativas de la CAM, vendidas a 55.000 minoristas desde 2008 y que aportaron 292 millones de euros a la CAM.
