El Gobierno en funciones ha decidido ajustar sus cuentas con Europa y matizar su desvío del déficit público con un recorte del gasto público de 2.000 millones que repartirá entre sus ministerios y sin tocar el gasto social ni el vinculado a la seguridad. La medida fue presentada ayer tras el Consejo de Ministros y será instrumentada a través de un acuerdo de no disponibilidad de crédito en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 por ese montante, tal y como ayer anunció el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tras la reunión semanal del Gobierno. Este ajuste busca recortar el déficit público, que acabó en 2015 en el 5%, muy por encima del 4,2% comprometido, y que hace prácticamente imposible cumplir con el objetivo del 2,8% para este año.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Montoro explicó que con este acuerdo de no disponibilidad el Estado va a aplicar la misma medida que ha solicitado el Gobierno a las comunidades autónomas, y que fue refrendado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de ayer por la tarde.

Además, España cumple así con la recomendación autónoma que envió Bruselas al Ejecutivo el pasado 9 de marzo, en el marco del procedimiento de déficit excesivo, con el que instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para conseguir una corrección duradera del déficit público.

El ministro aseguró que este recorte no afectará al gasto social ni a partidas que el Gobierno considera prioritarias como la seguridad, las transferencias a la Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo Estatal, que gestiona las prestaciones por desempleo, a las becas de Educación o a las transferencias al gestor de infraestructuras ferroviarias Adif para gasto de mantenimiento.

De hecho, del total de 2.000 millones de recorte, 950 se recortarán en aquellos gastos vinculados a operaciones del capítulo VIII de los Presupuestos con impacto en el déficit público y a las partidas de los ministerios de Economía, Industria, Energía y Turismo y Fomento. Se trata, según Montoro, de un ajuste se realizado de manera "proporcional" entre ministerios, mientras que en el resto de partidas se aplicará en función de los créditos iniciales. El Gobierno defendió las medidas que adopta ahora en funciones por la necesidad de cumplir con urgencia la recomendación autónoma de la Comisión Europea y por razones de interés general para evitar las consecuencias que puedan derivarse de un agravamiento en el marco del protocolo de déficit excesivo.

El grupo parlamentario de Podemos, En comú, Compromís y En Marea registró ayer en el Senado una solicitud para que Montoro acuda a la Cámara Alta y explique el ajuste. Le acusan de excederse de su labor en funciones por modificar los Presupuestos Generales del Estado, según Ramón Espinar, que firma la iniciativa. El desvío del déficit en 2015 fue de 10.400 millones de euros, el equivalente a casi el 5,16% del PIB y casi un punto porcentual por encima del objetivo marcado para España, del 4,2% del Producto Interior Bruto. El ministro Montoro acusó el mismo día en que se conocieron los datos de déficit a las comunidades autónomas del desajuste, ya que ellas sobrepasaron en 10.373 millones el límite de déficit (un 0,9% del PIB) que el Gobierno decidió atribuirle a pesar de las quejas de las autonomías, que soportan un 30% del gasto público. La Seguridad Social aportó sin embargo otro 0,6% (6.483 millones) mientras que el Gobierno cumplió y las corporaciones locales lograron un ligero superávit.

Pero lo cierto es que el mismo día en que el Gobierno hizo público el desvío del déficit desveló el balance de los ingresos fiscales del pasado ejercicio que cifró el coste de las rebajas fiscales en 7.846 millones de euros, un 76% del exceso de déficit, un dato que fue recordado por partidos de la oposición y sindicatos, que alertaron del alto precio de los "regalos fiscales" electorales.

Junto con el acuerdo de no disponibilidad del gasto, Montoro presentó un informe al Consejo de Ministros sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto de las administraciones públicas en 2015. Montoro dijo que todas las administraciones incumplieron, mientras que sí consiguieron recortar la deuda pública por debajo del objetivo estimado, que lo cifró en el 100,7% del PIB, por encima del 99,2% en el que cerró. Sólo Asturias y Cataluña incumplieron con sus objetivos de deuda.