La OPA lanzada por CaixaBank sobre el Banco Portugués de Inversión (BPI) dependerá también de cómo reaccionen los actores angoleños involucrados en un proceso seguido con expectación en Portugal, socio comercial del país africano. La oferta de la entidad española surgió como respuesta a la ruptura del acuerdo firmado con la inversora Isabel dos Santos, segunda mayor accionista, para que el BPI se desprendiera de su negocio en Angola y evitara así ser sancionado por Bruselas.
CaixaBank (con un 44,1% del capital) ya hizo un primer intento el año pasado para hacerse con el control de la firma portuguesa a través de una OPA que fracasó por la existencia de un límite en los derechos de voto, que en el caso del BPI está fijado en el 20%, lo que en la práctica iguala el poder de sus dos mayores accionistas.
El grupo catalán exigió la supresión de esta restricción sin éxito, y acabó desistiendo de su propuesta. En este nuevo "asalto" repite esta exigencia, pero ahora cuenta con una modificación legislativa aprobada por el Gobierno socialista luso que permite (a partir del 1 de julio) que este tipo de límites sean revisados periódicamente.
El plan B de la OPA continúa rodeado de interrogantes por resolver que serán claves para dilucidar el futuro de la operación. El jefe del Estado luso, Marcelo Rebelo de Sousa, dejó entrever ayer que hasta el 1 de julio hay tiempo para que el banco y dos Santos lleguen a un acuerdo, pero de no hacerlo, la OPA necesitaría del visto bueno del Banco Nacional de Angola, ya que la oferta afectaría a una institución de crédito nacional.
