Los funcionarios de las oficinas de empleo se han concentrado hoy ante sus lugares de trabajo, tanto en A Coruña como de Ferrol, para reclamar el fin de la privatización que en su opinión se está llevando a cabo con la gestión de los desempleados.
El presidente del comité de empresa de la Administración General del Estado en A Coruña, Jose María Pereira, denunció que una función que "hasta ahora era pública" está siendo traspasada "a manos privadas".
Los órganos de representación de la Administración (comité de empresa y junta de personal) salen así al paso del reciente "reparto a las agencias privadas de colocación" que, según las cifras que manejan, recibirán 200 millones de euros para inserción laboral entre este año y los tres siguientes, indicó Pereira en declaraciones a Efe.
Los empleados denunciaron que una ofensiva de agencias de colocación privadas, en su mayoría de trabajo temporal o formación, en su mayoría multinacionales como la suiza Adecco o la estadounidense Manpower, están suplantando su labor.
"Se dejan de prestar servicios con la excusa de que no hay personal suficiente, pero paralelamente hay partidas presupuestarias millonarias para traspasar estos servicios a empresas privadas", denunció Pereira.
Apuntó que a las firmas privadas "se les paga incluso aunque no llegue ningún tipo de actuación" con personas en situación de desempleo.
Por otra parte, este representante de los trabajadores también criticó que la plantilla de las oficinas de empleo "ha disminuido en estos años", coincidiendo con la crisis, y "pese al aumento del desempleo" por lo que "no se puede prestar una atención como la que se tiene que prestar".
Atendiendo a esta denuncia, Pereira reiteró que la situación es "cada vez más precaria", pues "no se cubre el personal, la plantilla disminuye, no se modernizan las oficinas y no se pueden prestar más servicios", aunque observó que, en cambio, "sí hay dinero para las empresas privadas".
La movilización incluyó la concentración y el reparto de folletos para dar a conocer "el mercadeo que se sigue haciendo con los desempleados" con el fin de que "pueda haber una marcha atrás" y "en vez de apostar por privatizar este tipo de servicios, se trasladen los mismos programas a las oficinas de empleo".
Pereira observó que con la partida presupuestaria para este año, de unos cuarenta millones de euros, el Estado "todavía estaría a tiempo de parar la privatización" y favorecer que el dinero "pase a invertirse en apostar por lo público, no en firmas con ánimo de lucro".
Las empresas privadas "van a cobrar por insertar a personas desempleadas en el mercado laboral aunque las inserten en sus propias empresas, y además están prestando servicios a otras administraciones", dijo, y opinó que "es un círculo en el que cobran absolutamente por todo".
Por último, los manifestantes alertaron de que "a pesar de que los trabajadores de las oficinas de empleo son los que más agresiones sufren", las oficinas en las que trabajan "apenas disponen de seguridad" por lo que "están desprotegidos cuando, por ejemplo, tramitan una prestación y ésta genera conflictividad".
