La Audiencia Provincial de A Coruña acaba de fallar -por tercera vez en menos de un año- a favor del Estado en los pleitos planteados contra el fondo de rescate bancario por los inversores gallegos que en 2013 perdieron los 71 millones de euros que un año antes habían invertido en Novagalicia. Fue la factura que les dejó el intento fallido de mantener un banco bajo control del capital gallego y la llegada de los casi 5.500 millones de euros que recibió la entidad heredera de las cajas gallegas del rescate europeo.
Inveravante, el holding familiar de Manuel Jove, fundador de Fadesa; la constructora ourensana Ranebe 2003 y la naviera Metalships&Doks, perteneciente al grupo vigués Rodman, perderán los 8,5 millones de euros que invirtieron en NCG, en contra de lo que había fallado el juzgado de Primera Instancia 1 en 2014.
La sentencia dictada el pasado martes por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial estima el recurso presentado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y Novagalicia (hoy Abanca) contra el primer fallo y no sólo les absuelve de reintegrar la inversión a los empresarios gallegos, sino que impone a los inversores el pago de las costas del juicio. Junto a estas tres empresas, pierden el proceso Santiago Rey Fernández-Latorre y José Luis Vázquez Mariño, ambos con 200.000 euros de inversión. Jove había inyectado 6 millones; Ranebe 2003, otros dos y Rodman, 100.000 euros.
A las empresas sólo les queda ahora encontrar un fallo que en circunstancias similares dicte una resolución contraria para recurrir al Tribunal Supremo en casación, como hizo ya Gadisa. La firma que preside Roberto Tojeiro, que se dejó 10 millones de euros en aquel proceso de privatización de Novagalicia, corrió la misma suerte; ganó en Primera Instancia y perdió cuando el FROB y NCG recurrieron el fallo ante la Audiencia. La Sección Tercera les dio la razón en julio pasado.
A estos dos casos se une el del grupo de siete empresas, lideradas por Hijos de Rivera, que perdieron los 20 millones arriesgados en el proyecto en el juicio en Primera Instancia y también en el recurso que presentaron ante esta misma Sección Quinta, tal y como confirmó otro fallo del pasado 3 de mayo.
La sentencia conocida ayer acepta como en el caso de la firma cervecera todos los argumentos que la abogada del Estado que representó al FROB, Adela Álvarez Caramés, defendió durante el juicio y revoca la anulación del contrato de compraventa que los empresarios y el fondo de rescate bancario firmaron en enero de 2012. La letrada insistió en numerosas ocasiones en que ni el FROB ni el banco ocultaron información relevante sobre la situación patrimonial de Novagalicia y que el fondo desconocía que el Gobierno del PP preparaba un real decreto que obligaría a inyectar más capital en NCG. Pero la juez de Primera Instancia entendió lo contrario y advirtió "dolo"; mala intención en el proceder de las dos entidades.
El tribunal precisa ahora que para que se considere que existió dolo como vicio del consentimiento o engaño malicioso -el mismo argumento jurídico empleado en los juicios por venta de preferentes- debe ser probado por quien denuncia y debe haberse producido con "conciencia clara del fraude o la falsedad cometidos", lo que obliga a que la "actitud dolosa" se refiera a "hechos o circunstancias pasados o presentes, susceptibles de un conocimiento cierto".
"No cabe incluir en este vicio del consentimiento determinadas manifestaciones previas o coetáneas al contrato que, aunque tienden a magnificar las virtudes o ventajas de la operación [...] obedecen a un fin meramente publicitario, siendo fácilmente reconocible [...] el aspecto propagandístico e irreal de tales declaraciones", recoge el fallo.
La Audiencia advierte de la inexistencia de pruebas de que el fondo de rescate bancario hubiera tenido contacto con los inversores hasta la firma del contrato de compraventa o de su participación en el proceso de captación o la elaboración de los folletos e informaciones entregadas a los empresarios. De hecho, exime a Novagalicia también de la autoría de esos informes, que elaboró en realidad Novacaixagalicia -la caja resultante de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova- antes de la bancarización. NCG sólo informó, según la sentencia, de la entrada del FROB en su capital en septiembre de 2011.
El tribunal advierte además de que era "público" que la caja gallega había sido valorada en 181 millones frente a los 1.711 que figuraban en su contabilidad y la inyección de 2.465 millones que hizo el FROB en 2011. Advierte incluso del "hecho notorio" de que se trataba de un banco "sobredimensionado" ya "antes de la fusión de las cajas". La sentencia justifica también como "previsible" el ajuste retroactivo de 1.127 millones -con cargo al asiento contable de la fusión de las cajas- que el consejo de NCG cuantificó poco después de que los inversores entrasen en el capital del banco, en enero de 2012, a pesar de que la necesidad de la operación había sido puesta sobre la mesa del consejo de administración del mes anterior y tampoco entonces fue comunicada a los inversores.
La sentencia resta importancia a esta operación al añadir como propio un argumento también largamente defendido por el FROB en el juicio: "Está plenamente acreditado que lo que causó la resolución [rescate y venta] de NCG Banco fueron las mayores exigencias de provisionamiento y cobertura de activos introducidas con posterioridad a la compraventa de acciones [...] mediante sucesivos decretos ley [...] para sanear y evitar el colapso del sistema financiero español".
La Sección Quinta de la Audiencia tampoco considera probado que el FROB o cualquiera de sus funcionarios conociesen el contenido del primer decreto de reestructuración financiera firmado por Luis de Guindos en febrero de 2012, a pesar de que el 17 de enero -dos días hábiles después de la firma- recibió un correo electrónico del Banco de España en el que se le informaba de un borrador de esa norma.
El fallo recuerda también una entrevista de De Guindos a Financial Times en la que el 4 de enero aludía a la necesidad de un ajuste de 50.000 millones en la banca que "no podía ser ignorada" por las firmas.
La Audiencia desestima que en este caso existiese el deber legal de información precontractual en transacciones de productos o servicios de inversión, por no tratarse de inversores minoristas sino de empresarios "de larga trayectoria y reconocido prestigio" y recuerda que la operación fue auspiciada por "diversas instancias políticas, sociales y mediáticas" y perseguía mantener una entidad "al servicio de los intereses de Galicia". Esto no impide, dice el tribunal, que los empresarios no debiesen buscar "su propio asesoramiento externo".
La prolija sentencia dedica más de la mitad de su argumentario a invalidar la anulación del contrato por vicio en el consentimiento pero también desestima las pretensiones subsidiarias que las empresas plantean para resolver el contrato por incumplimiento, al entender que el FROB entregó lo que estaba previsto; unas acciones del banco al mismo precio que él pagó, o por la existencia de circunstancias sobrevenidas imprevisibles. La Audiencia rechaza también que el FROB y NCG tengan que indemnizar a las empresas.
