El ajuste de 8.500 millones que hoy ofrecerá España a la Comisión Europea para minimizar el importe de la sanción decidida ayer por el Ecofin por el déficit excesivo de 2015 trata de satisfacer una exigencia previa de la UE para que España redujera gastos y mejorara ingresos por una cuantía de 8.000 millones en virtud no del exceso de déficit en 2015 sino de un presupuesto estatal para 2016 que, aprobado el pasado agosto, la UE juzgó irreal para cumplir los compromisos de rigor fiscal.
Ahora se trata de saber si este ajuste (parte del cual es estimativo y voluntarista), y que formula un Gobierno en funciones, tendrá suficiente carácter satisfactorio para reducir la multa a su mínima expresión o si las autoridades europeas emplazarán a esfuerzos adicionales. El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, pidió ayer a los dos países sancionados -España y Portugal- que aleguen de forma "ofensiva, no defensiva", detallando medidas concretas para corregir el desvío fiscal en el que incurrieron porque será esto, dijo, lo que "ayudará a la CE a decidir sobre el importe de las sanciones". "La multa será más reducida en función de que los ajustes comprometidos sean mayores", señaló.
El aumento de la recaudación del impuesto de sociedades al que se compromete el ejecutivo supone retrotraer la supresión solo un año después de aprobarla y entraña una revisión del discurso tributario del PP, que prometió nuevas rebajas fiscales en 2017.
