"Todos esperábamos una decisión diferente", admite el abogado Jaime Carrera. El dictamen -"que pone las cosas cuesta arriba para los consumidores", añade el letrado Ramón Ozores- fue la música de un guateque para los bancos en Bolsa, pero un varapalo para las asociaciones de usuarios y afectados por las cláusulas suelo. "¡Pobrecita banca española que ha hecho un fraude enorme y ahora no lo puede pagar!", ironizó el presidente de Adicae, Manuel Pardos. La asociación Facua lanzó los dardos en el mismo sentido, y acusó al abogado general de la Unión Europea de tener "una extraordinaria sensibilidad con los intereses de los banqueros y no con los de las familias que han sido víctimas de un fraude de miles de millones".
Para Ozores "aún hay posibilidades para reclamar" las cláusulas suelo anteriores a 2013. "La sentencia del Supremo no quiere decir que en un caso concreto no pueda pronunciarse al revés", sostiene. El problema es que la doctrina de este tribunal se ha consolidado, cree Carrera, aunque sí haya habido sentencias con plena retroactividad aplicando el código civil. Este abogado incide en que hasta las entidades dieron por hecho que se mandataría la retroactividad plena en la devolución de las cláusulas suelo, de ahí que los bancos "plantearan ofertas pensando en que prosperaría". Ofertas que resultaron más beneficiosas para el cliente que si a este se le hubiese aplicado la doctrina del Supremo. ¿El aspecto positivo? Que "ha tenido efecto disuasorio" en el sector. "No puedes poner en un contrato Euribor más 1% y añadir sesenta folios con una cláusula de este tipo" a menos que cuente con el beneplácito expreso del usuario.
Las asociaciones de usuarios consideran que el dictamen no ha tenido en cuenta la situación de los millones de españoles con estas cláusulas sino que ha dado prioridad al bienestar bancario, a pesar de que en las últimas semanas las propias entidades han asegurado que los efectos de una eventual sentencia en contra serían mínimos. "Nos preocupa mucho, puesto que permite que los tribunales nacionales apliquen cada uno sus propias reglas, dejando en entredicho al TJUE", lamentó la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, que añadió que la abogacía europea, como la del Estado, "debe defender a los ciudadanos, no a la banca".
La OCU recordó que las conclusiones del abogado general "no vinculan al TJUE" y confía en que los jueces que forman el tribunal "dejen de lado los argumentos políticos y económicos y se limiten exclusivamente a aplicar la ley". A la espera de la decisión final, las organizaciones llaman a seguir luchando porque, concluyó Suárez. "Queremos un sistema justo en el que todo el mundo respete las leyes, por lo que nada, ni un posible fallo en contra, nos podrá hundir", sentenció.
Las acciones de los bancos recibieron el dictamen del abogado general Tribunal de Justicia de la Unión Europea con júbilo. Banco Sabadell llegó a revalorizarse casi un 14%, por el 8% del Popular, el 7% del BBVA o el 4,5% de CaixaBank. Pero la euforia se fue atenuando a cierre de sesión y el Ibex-35, cerró con pérdidas (-0,38%). El Sabadell acabó con un avance del 2,9%, por el 1,52% del Popular y el 1,45% de CaixaBank. Del lado opuesto estuvieron el Santander (-2%), Bankia (-0,75%), Bankinter (-0,79%) y BBVA (-0,74%), que se dio la vuelta y pasó de un máximo de 5,41 euros la acción a los 5,23 a cierre de sesión.
Para los expertos de Self Bank, pesó más el flojo dato de producción industrial de la zona euro, que "defraudó al crecer en mayo solo un 0,5%, comparado con el 1,3% que había barajado el mercado". La alta volatilidad del precio del crudo también pesa en un mercado que sigue con titubeos tras la aprobación del brexit, lo que dispara los precios de valores refugio como el oro o el bund alemán.
