El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato defendió ayer la contratación en Caja Madrid tanto de su excuñado Santiago Alarcó como de su secretaria personal, Teresa Arellano, y afirmó que ambos fichajes fueron "muy beneficiosos" para la entidad.
Rato declaró en la mañana de ayer ante el titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que investiga al exministro por varios delitos, entre ellos blanqueo, corrupción entre particulares y administración desleal, y en una pieza separada trata de aclarar los detalles de la contratación de Alarcó y Arellano.
Rato indicó que el ingreso de Alarcó en Caja Madrid "fue muy beneficioso para la entidad, particularmente en temas como la liquidez y el manejo del balance, ya que la caja carecía entonces de profesionales con su experiencia internacional". Además añadió que él no participó en su contratación. Y sobre Arellano señaló que contaba "con una amplia experiencia de más de 16 años en servicios de máxima responsabilidad y representación, y que sus condiciones laborales fueron negociadas por ella directamente con Caja Madrid".
El sumario recoge los sucesivos incrementos salariales percibidos por Alarcó, que comenzó cobrando 120.000 euros anuales en 2011 y dos años después llegó a ganar más de 480.000 euros. Los términos del contrato de Arellano reflejan una retribución de 110.000 euros en 2010, de 213.000 euros en 2011 y de 374.500 euros en 2012, así como una indemnización por despido de 339.619 euros con una antigüedad reconocida de doce años, aumentos que, según la Fiscalía, podrían suponer administración desleal.
La de ayer fue la cuarta vez que Serrano-Arnal llamó a declarar al también exdirector general del FMI en relación con la gestión de su patrimonio. La última fue el pasado mes de febrero, cuando le interrogó a él, a su abogado Domingo Plazas, y a otras personas, entre ellas su hermana María de los Ángeles, contra quienes no adoptó ninguna medida cautelar.
Tras su última declaración en febrero, Rato manifestó que diez meses después de su detención y registro en su vivienda y despacho, la Agencia Tributaria no tenía aún un informe definitivo sobre las presuntas irregularidades en su patrimonio. "Diez meses después de entrar en mi casa, Hacienda no es capaz de hacer un informe definitivo", explicó entonces Rodrigo Rato en declaraciones a Europa Press. Además, según informaron fuentes jurídicas, continúan las medidas cautelares que ordenó el juez pasado 7 de octubre, ya que nadie ha solicitado nada al respecto. El magistrado impuso la retirada del pasaporte y la comparecencia mensual en dependencias judiciales.
