La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, admitió ayer que el aumento del tipo mínimo del pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades -del 12% vigente entre 2012 y 2015 a entre el 20 y el 25%- que quiere aprobar el Gobierno para los meses finales de este año, puede prolongarse en los próximos "a efectos del cierre más ordenado de los ejercicios presupuestarios". Como recordó Santamaría este tipo mínimo con el que el Gobierno quiere recaudar este año 6.000 millones de euros más para cumplir con el objetivo de déficit, ya existía con anterioridad y con la reforma fiscal se suprimió para 2016. El Gobierno también redujo el tipo general del 30% al 25%, aunque en 2015 -ejercicio liquidado en julio- el tipo transitorio fue del 28% salvo para las pymes que ingresan hasta 300.000 euros, que ya tenían reconocido el 25%. La vicepresidenta en funciones explicó ayer que esto produjo un "salto de recaudación" en esta tasa, que acumula un desplome del 86% -un 88% en Galicia- hasta julio.
Igual que los trabajadores hacen cuentas con Hacienda en junio por lo que ganaron en salarios el año anterior y se les ha retenido mes a mes en sus nóminas, las empresas lo hacen en julio por los beneficios obtenidos el año precedente. Esos pagos a cuenta, que se producen en abril, octubre y diciembre sirven para fraccionar el desembolso a lo largo del año y a la vez, para que el Gobierno disponga de esos ingresos en tres plazos.
Precisamente es esa necesidad de recaudar dinero para cuadrar el déficit al cierre del año lo que llevó al Gobierno de Mariano Rajoy a prometer en julio ante la Comisión Europea que restituiría el tipo mínimo de esos pagos fraccionados -del 12% en que estaba a entre un 20 y un 25% para empresas que facturen más de 20 millones de euros al año-. Así constaba en las alegaciones que el Ejecutivo presentó ante la amenaza de sanción que la CE planteó a España por déficit excesivo. Los ministerios de Economía y Hacienda confían en ingresar con esta alza entre 6.000 y 7.000 millones más para equilibrar las cuentas, pero la medida tiene que estar implantada antes de que se produzca el pago fraccionado de octubre. Además, el Gobierno tiene que enviar su nuevo plan presupuestario y las medidas para cumplir con el déficit (4,6% del PIB este año) a Bruselas antes del 15 de octubre.
El Ejecutivo trabaja así contra el reloj para aprobar un Real Decreto Ley con esta modificación antes de que termine este mes, aunque luego tendría que ser ratificado por el Congreso de los Diputados en el plazo máximo de un mes. Santamaría reconoció ayer que el Gobierno es consciente de la premura de esta modificación por lo que para mediados de octubre la reforma del impuesto sobre Sociedades deber estar "si no resuelta, encauzada".
El Estado no recaudará más por el impuesto de Sociedades con esa alza sobre los pagos fraccionados, pero sí adelantará a este ejercicio los ingresos del año que viene por este concepto. Es muy probable que una vez pasados los meses de julio y agosto -cuando se ingresan las liquidaciones practicadas en julio- vuelva a tener esta necesidad, ante la más que probable merma de los ingresos. Al menos es lo que evidencia la caída de la recaudación sufrida este año.
Hacienda confiaba en cerrar 2016 con unos ingresos por Sociedades de 24.868 millones, un 20% más que en 2015, pero a la vista de el bajón registrado hasta el séptimo mes del año, parece que el objetivo no se cumplirá. De hecho, por primera vez en al menos cinco años, el impuesto de Sociedades fue el que menos ingresos aportó a las arcas del Estado en Galicia hasta julio, como ya adelantó este diario.
"El esquema de pagos fraccionados ya existía con anterioridad y lo que se plantea es la posibilidad de que más allá de 2016 pueda permanecer en el tiempo", subrayó ayer la vicepresidenta, quien añadió que no se trata de una subida del impuesto sobre Sociedades, sino de aplicar un "sistema de gestión tributaria" que ya se venía adoptando con anterioridad.
El alza supone aplicar un tipo de entre un 20 y un 25% sobre el resultado contable (sin tener en cuenta las exenciones ni los créditos fiscales y aplicándolos sobre dividendos y plusvalías) y se impondrá únicamente para las empresas que facturen más de 20 millones de euros al año, unas 4.400 empresas.
