El Gobierno registró un escrito en el Congreso en el que reclama la paralización de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que firmó el PSOE y otros grupos de la oposición para subir las pensiones en 2017 una media del 1,2%. Según explica el Ejecutivo, su aplicación supondría un coste para el Estado de más de 1.150 millones de euros sin que se detalle de dónde deberían salir.
El veto de Moncloa, que al registrarse a última hora del lunes no pudo ser analizado aún en la Mesa del Congreso, se une a otras 15 proposiciones de ley promovidas por la oposición y distintos parlamentos autonómicos que fueron rechazadas por el Gobierno con el argumento de que, si salieran adelante, supondrían una desviación presupuestaria de más de 6.100 millones de euros y pondrían en riesgo el cumplimiento del plan de estabilidad comprometido con Bruselas.
Esta última proposición de ley vetada, que recoge las pretensiones de Comisiones Obreras y UGT, lleva la firma del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra (ERC), el PNV y la antigua Convergència, todos los grupos de la oposición, con la única excepción de Ciudadanos, que está a favor de la revalorización, pero considera "un parche" la ley. Teniendo en cuenta sus firmas, la iniciativa suma a priori mayoría absoluta en la Cámara, pues estas formaciones aglutinan 178 votos en el pleno del Congreso.
La proposición de ley establece un incremento del 1,2% -coincidente con la inflación prevista por el Gobierno- y fija que, en caso de producirse una tasa media superior a lo largo del año, las pensiones también se incrementen de acuerdo con esta subida. La proposición también señala que la medida será financiada con cargo directo a los Presupuestos Generales del Estado y que la ley que los fije incluya la previsión de gasto.
En su escrito de veto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno entiende que el coste de esa medida "superaría los 1.150 millones de euros que, según la proposición de ley, tendrían que ser financiados por el Estado, sin que se proponga una fuente de financiación".
El Ejecutivo recuerda que su reforma de 2013 cambió el modo de cálculo para desvincular del IPC la revaloración de las pensiones garantizando una subida mínima del 0,25% y que en todo caso la Comisión del Pacto de Toledo debe estudiar la financiación de las prestaciones no contributivas y universales.
El veto del Gobierno se verá en la próxima reunión de la Mesa del Congreso, que deberá decidir si la atiende o la desoye.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por su parte, llamó ayer a la responsabilidad y al diálogo, pero advirtió de que no aceptará que por culpa de "posicionamientos ideológicos y otros afanes oportunistas" se deroguen reformas que considera que han sido un éxito.
