El Consejo General de Economistas cifra en 25.648 millones de euros la pérdida de recaudación derivada de la economía sumergida en España, que alcanza el 16% de la actividad total, lo que supone unos 168.000 millones, y realizó una veintena de propuestas para combatirlo, entre las que figura la mejora de la forma de trabajar de la Agencia Tributaria con la posibilidad de aprobar un estatuto para el organismo y facilitar las regularizaciones "espontáneas". Así figura en el estudio Reflexiones sobre el fraude fiscal y el problema de las estimaciones del organismo, que incluye 20 propuestas para reducirlo y que fue presentado por el presidente del Consejo, Valentín Pich, que destacó que todos los informes demuestran que la economía sumergida y la pérdida de recaudación derivada por el fraude fiscal en España está "en línea con la mayoría de países de nuestro entorno".
Pich detalló que la economía sumergida en España representa alrededor del 16% del total, lo que supone unos 168.000 millones de euros o 102.593 la cifra ajustada, lo que representa una pérdida de recaudación de 25.648 millones.
El Consejo General de Economistas también destacó que ve una cuestión "más política que jurídica" la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía fiscal de 2012 y considera que "no va a tener recorrido" en las regularizaciones ya realizadas, si bien cree que la sentencia es un "aviso a navegantes" que hará que no se produzcan más procesos de regularización en "mucho tiempo".
Pich recordó que la amnistía se aprobó en un momento de "gran tensión" porque los ingresos públicos se habían desplomado un 30% y se corría el riesgo de ser intervenido. Por ello, los economistas vieron "positivo" la decisión de aprobar la amnistía fiscal e incluso criticaron que se tendría que haber extendido a todos los impuestos, apuntó el presidente del organismo, que recordó que la OCDE recomendó realizar regularizaciones dado que se habían alcanzado acuerdos de intercambio de información.
