Ferroglobe, la multinacional a la que pertenece la española Ferroatlántica, reconoce en los informes dirigidos a sus accionistas y a los supervisores de la Bolsa de Nueva York que la venta de las centrales hidroeléctricas que explota en las comarcas de A Costa da Morte y Fisterra puede comprometer los resultados de las fábricas de ferroaleaciones de Cee y Dumbría que tendrían "una mayor exposición al incremento de los precios energéticos en España". En su informe del ejercicio 2016 admite: "Dado que la electricidad representa un elevado porcentaje de nuestros costes de producción, somos especialmente vulnerables a las fluctuaciones de costes en la industria energética". Esta argumentación contradice la recogida en la solicitud que Ferroatlántica formalizó en Augas de Galicia el pasado mes de mayo para que la Xunta modifique la concesión administrativa con la que explota las centrales y le permita vender los saltos de agua al fondo de inversión canadiense Brookfield.
El grupo, que presentó un informe jurídico elaborado por dos profesores de la Universidad de Santiago, alega que no existen condiciones para mantener, como exige la concesión, la vinculación entre la actividad energética y la de ferroaleaciones; que ha desaparecido ese interés público porque al contrario que en los años noventa, cuando se otorgó la última concesión, las centrales aportan resultados económicos muy superiores a los de las centrales y éstas no garantizan su viabilidad. Añaden además que la legislación eléctrica les impide consumir la energía que producen, que venden al mercado, y que esta prohibición a segregar las actividades vulnera la libertad empresarial.
Los trabajadores de las fábricas de Cee y Dumbría destacaron este doble discurso durante la presentación de sus alegaciones a la solicitud de la multinacional, supervisadas y completadas "de forma desinteresada" por el profesor de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña, Carlos Aymerich. Como ejemplo de ello, añaden que en la petición a la Xunta Ferroglobe alega que la operación pretende financiar un plan industrial con 200 millones de inversión, pero no menciona en ningún momento la justificación que de él da a sus accionistas en el informe financiero del ejercicio 2016: La necesidad de reducir su deuda. "El fracaso de las operaciones [de venta] determinaría la incapacidad de refinanciar nuestra actual deuda para reducir nuestro apalancamiento financiero, y puede afectar negativamente a la capacidad de mantener nuestra liquidez y hacer frente a nuestras obligaciones financieras". Los trabajadores creen que la firma no puede justificar que las ferroaleaciones son ahora muy rentables y a la vez defender que sin la venta de las centrales se pone en riesgo su continuidad .
A continuación se detallan los otros argumentos de la plantilla.
EInterés público. El personal entiende que los argumentos dados por la empresa a sus accionistas demuestran que el interés público "legítimo" de garantizar la actividad industrial y los puestos de trabajo en las fábricas de Cee y Dumbría sigue plenamente vigente y que éste protege la "cláusula esencial" de la concesión de vincular actividad energética e industrial. Advierten de que tal y como admite la empresa la producción eléctrica y las ferroaleaciones son actividades cíclicas, lo que impide afirmar que la industria no precise del apoyo de la actividad hidroeléctrica.
ELegislación eléctrica. La vinculación de las dos actividades no impide como alega Ferrogloble beneficiarse de la interrumpibilidad, según los trabajadores, un sistema que introduce vetos a las empresas que comparten infraestructuras eléctricas pero no a las vinculadas societariamente.
EAnulación 'versus' revocación. Aymerich cree que Ferroatlántica solicita revocar la prohibición de segregar las dos actividades y no anularla porque las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y del Supremo contra los recursos que Ferroatlántica promovió en los noventa hacen que esa anulación tenga la consideración de "cosa juzgada". Por esto entiende que la Xunta no tiene "ninguna obligación legal" de acceder a la solicitud y que la empresa no puede impugnar por la vía contencioso administrativa una resolución en contra. Añade además que la revocación debe ser inadmitida porque se formula después de que haya prescrito el plazo de la Administración para revisar actos anulables.
EReversión de la concesión. En opinión del profesor de Derecho Administrativo, revocar la cláusula de vinculación societaria entre las centrales y las fábricas de ferroaleaciones supone modificar sustancialmente los términos de la concesión, lo que supondría su extinción automática y la reversión de las instalaciones en la Xunta, que debería sacarlas a concurso. Precisamente por esto, entiende que Ferroglobe no puede alegar que esa vinculación vulnera la libertad de empresa, dado que la concesión le fue otorgada a ella en unas condiciones que de variar, obliga a la Administración a velar por la libre concurrencia. "Realizar esta operación a través de una resolución revocatoria y la posterior transmisión de la concesión a un tercero constituiría un supuesto de nulidad de pleno derecho por prescindirse del procedimiento legalmente establecido", explica el documento de alegaciones.
