Era sabido que la intervención del Banco Popular y su posterior venta al Santander por un euro tendría un especial impacto en Galicia, donde la pérdida de valor de las acciones dejó atrapadas a unas 50.000 personas de los 300.000 accionistas que tenía la entidad, además de los miles con otros instrumentos de inversión, como obligaciones o bonos convertibles en acciones, que también lo perdieron todo. Los despachos coruñeses con más experiencia en este tipo de pleitos suman desde el pasado 7 de junio -en los catorce días laborables que pasaron tras el día de la intervención- más de 1.200 clientes que buscan recuperar su dinero. El perfil es muy variopinto, pero hay casos de cantidades extraordinariamente elevadas. El máximo lo tiene en cartera el despacho Concheiro, Caamaño y Seoane, con un cliente institucional (no minorista) que perdió 300 millones de euros. "Somos un despacho con más de 70 abogados y sede en Madrid y muchos vienen de allí", explica Jaime Concheiro, socio director del bufete.
El despacho de Concheiro es sin duda el que acumula más clientes dispuestos a demandar; cuenta con 975 afectados en cartera con una media de 52.000 euros perdidos y espera recibir muchos más porque todavía es pronto, incluso para formalizar las demandas. En esa cuenta están los minoristas y no tanto el gran cliente de 300 millones u otros, con 5 o 6 millones perdidos.
Entre los ahorradores hay tres perfiles: los clientes que tenían bonos o obligaciones convertibles en aciones que fueron ejecutadas en 2014 y 2015; los que compraron convertibles en 2011 que vencían en 2021 y los accionistas entre los que hay quienes acudieron a Bolsa y compraron en los últimos diez años; los que tenían acciones derivadas de convertibles que dejaron sin vender y los accionistas que acudieron a la ampliación de capital de 2016 o compraron después de esa fecha. Estos últimos, coinciden todos los abogados, son los que lo tienen más fácil para recuperar el dinero porque con la corrección de las cuentas de 2016 que la entidad hizo el pasado mes de abril parece claro que el folleto de la ampliación contenía datos incorrectos y que por eso es demandable una nulidad por vicio de consentimiento, como en el caso de Bankia.
El despacho de Concheiro tiene tramitadas ya unas 500 demandas por la compraventa de bonos convertibles que vencieron en 2014 y 2015 y que se reclaman porque eran un producto de riesgo inadecuado para pequeños inversores, como ocurrió en su día con las participaciones preferentes. "Ya las estábamos presentando con anterioridad pero ahora se aceleran las consultas y hay gente que se interesó hace un año y no se decidió a demandar, pero ahora sí", explica Concheiro.
En este despacho reconocen que la demanda por la ampliación de capital de 2016 está muy adelantada, pero a la espera de obtener nuevos datos. "La gente está nerviosa pero lo que estamos haciendo es recoger a los clientes en una base de datos y mandarles información. Es mejor esperar uno o dos meses en este caso. En los de otros accionistas, hay que esperar a los informes oficiales, del Banco de España, por ejemplo para ver si acredita la responsabilidad de los gestores", comenta.
De la misma opinión es Ignacio de la Iglesia-Caruncho, socio director de Caruncho, Tomé & Judel, que recuerda que en el caso de Bankia, hasta que pasaron dos años de la salida a Bolsa, con la apertura de una causa penal, no se produjo la oleada de demandas. Su despacho cuenta de momento con un centenar de clientes de toda Galicia; entre ellos, grupos familiares con 5, 3 o un millón perdidos en acciones como en convertibles y obligaciones, pero da por hecho que le llegarán muchísimos más. Su despacho está asociado a Hispajuris, una alianza con 60 bufetes de toda España que asume en este caso los informes periciales y preliminares para sustanciar las demandas que vendrán. Caruncho, Tomé & Judel también ve clara la demanda de nulidad de la compra de acciones por vicio de consentimiento en la última ampliación de capital de Popular, mientras que las referidas al resto de productos las tienen "en fase de estudio".
El abogado Xoán Antón Pérez Lema, secretario general además de la asociación de consumidores Acouga tiene 120 expedientes de abiertos y 30 contratos firmados con clientes derivados de la crisis del Popular que han perdido cantidades que van de los 6.000 a los 300.000 euros. Prepara ya el informe pericial base que sustanciará la demanda por la última ampliación de capital y como Concheiro insta a la prudencia y a esperar información oficial para los otros tipos de accionistas, aunque hay abogados que ven posibilidades también para quienes acudieron a la ampliación de 2012.
