La Fiscalía pide juzgar la ampliación del Popular en una pieza separada

La asociación de consumidores Adicae demanda a Ron y Saracho por estafa a los inversores y administración desleal

26.09.2017 | 01:11
Ángel Ron.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que instruye el caso abierto por la quiebra del Banco Popular, que divida la causa en dos piezas separadas: una relativa a la ampliación de capital que solicitó el banco por importe de 2.505 millones de euros y otra por la presunta manipulación del mercado con información falsa antes de que la entidad fuera vendida por un euro al Banco Santander.

El Ministerio público pide en un escrito que se admitan a trámite unas 30 querellas interpuestas contra los expresidentes del banco, Ángel Ron y Emilio Saracho, al entender que los hechos son constitutivos de un delito relativo al mercado y a los consumidores. El fiscal alega además que, para captar el capital, el banco proporcionó a través de los folletos de inversión una información de sus estados contables y financieros que "no reflejaba la verdadera situación económica de la entidad".

La Fiscalía Anticorrupción advierte también de que la maniobra relativa al ejercicio de 2016 supuso una "grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil" no solo por la cantidad solicitada por la entidad sino por el "descrédito y la desconfianza" que generó en el sistema financiero y por los miles de accionistas "potencialmente perjudicados". El fiscal denuncia que el banco puso en marcha una campaña de desprestigio a través de la publicación de noticias que contenían datos o información falsa para hacer caer el valor de sus acciones y obtener así importantes beneficios.

Por estos hechos, Anticorrupción no se opone a la personación en la causa como acusación particular de un total de 26 perjudicados que dirigen su denuncia contra el que fuera presidente del popular entre los años 2004 y 2017, el gallego Ángel Ron, su sucesor en el cargo Emilio Saracho, así como la cúpula del consejo de administración, por incurrir presuntamente en un delito de administración desleal.

No obstante, el fiscal entiende que no hay base sólida para pedir que se actúe contra el Ministerio de Economía, la cúpula del Banco de España, entre ellos su gobernador, Luis María Linde, contra el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, o el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.

Precisamente, la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) presentó ayer una querella en la Audiencia Nacional contra Ron y Saracho, así como contra sus respectivos consejos de administración, por estafa a los inversores, falsedad en las cuentas y administración desleal, lo que llevó a la quiebra de la entidad. La querella "abarca a todos los consumidores que puedan estar dañados por la quiebra el Popular".

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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