La Audiencia Nacional investiga a Saracho, Ron y sus consejos por la quiebra del Popular

La causa incluye a la auditora PwC y se divide en dos piezas con la ampliación de capital de 2.505 millones en 2016 y la posible manipulación de datos para alterar la cotización

05.10.2017 | 01:19

Así lo pedía Anticorrupción y la Audiencia Nacional hace suyos sus argumentos. Que existen indicios de varios delitos en la gestión de las dos últimas cúpulas del Popular. El juez Fernando Andreu ha decidido admitir cuatro querellas contra sus expresidentes, Ángel Ron y Emilio Saracho, los miembros del consejo de administración -entre ellos, el ex máximo responsable del Pastor, José María Arias Mosquera- y la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC), y les imputa falsedad societaria y administración desleal, contra el mercado, falsedades documentales y apropiación indebida.

En su escrito, el magistrado anuncia la apertura de dos piezas separadas con el caso de la caída del grupo financiero. De un lado, por la ampliación de capital de 2.505 millones de euros ejecutada en 2016 "y los hechos conexos". A ella acudieron muchos clientes de la entidad, también empleados, que perdieron su inversión con la resolución del banco.

La otra pieza engloba "los hechos" que la Fiscalía y Andreu vinculan a la posible manipulación del mercado "mediante la publicación de noticias que contenían datos o información" que los impulsores de las cuatro querellas califican como "falsas" para, presuntamente, "hacer caer el valor de la cotización de las acciones" del banco "y poder obtener importantes beneficios". Los autos, uno por cada denuncia, incluyen otros delitos "conexos" de esa etapa, además del "uso de información privilegiada y relevante" para la evolución de los títulos en el mercado "con la que los querellados se hubieran podido lucrar". Además de llamar a declarar a todos, el titular del juzgado Central de Instrucción pide documentación sobre el banco y las medidas tomadas con él a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al propio Popular y al FROB, mientras que al Banco de España le requiere la designación de dos funcionarios a modo de peritos para verificar si la información contable en el folleto de la ampliación de capital reflejaba "la imagen fiel" de la entidad o estaba "manipulada o deformada".

Andreu, que identifica dos etapas diferentes con el cambio de presidencia, subraya "la grave repercusión del tráfico mercantil" en caso de que exista una mala información en la ampliación de capital, "dado el montante de la operación", y menciona la "posible tipicidad" derivada "de las condiciones salariales e indemnización vitalicia" de Ron -ganó 1,47 millones en 2016 y su pensión asciende a 23 millones- cuando dejó el timón del grupo financiero.

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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