La primera reunión formal para los dos expedientes de regulación de empleo (ERE), uno por cada banco, con los que el Santander ajustará su personal tras absorber el Popular deja muchísima documentación sobre los departamentos a los que se tocará en servicios centrales y unidades de apoyo y "la voluntad" de la dirección del grupo de rebajar tanto el número de salidas, como la edad de prejubilación, según aseguran los sindicatos a este diario. La plantilla de Galicia está expectante. Es una de las comunidades con mayor presencia de las entidades por el peso del Pastor y una también de las más afectadas, con cerca de 200 trabajadores en esta primera fase de reestructuración. La red comercial queda pendiente, en principio, para 2019, una vez que se complete la integración tecnológica. Y para ellos hay también alguna novedad. La opción de traslados forzosos a Madrid se aleja.

La cifra que, hasta ayer, había sobre la mesa, de la que se habló en las tres reuniones previas, ascendía a 2.165 empleos. De ellos, 1.580 serían salidas a través de prejubilaciones y bajas incentivadas; y 585 recolocaciones. Los representantes del personal advirtieron desde el minuto uno de que no estaban dispuestos a asumir un recorte tan elevado, más si el corte para las prejubilaciones se marcaba en los 58 años. El Santander, según las fuentes consultadas, parece dispuesto a disminuir las bajas a cambio de que los sindicatos acepten las recolocaciones. "El primer criterio a tener en cuenta será la voluntariedad. Por si había dudas, eso ha quedado claro en la reunión", cuenta Javier Castro, responsable del sector financiero en UGT-Galicia. En la maraña de documentos entregados a las centrales sindicales se vislumbra ya una leve reducción de los trabajadores afectados, hasta "alrededor de los 2.000". Números "inasumibles", como también destaca Francisco Villares, recién elegido secretario xeral del sector financiero de CCOO-Servizos en la comunidad. La agrupación acaba de reforzar su estructura para, precisamente, alcanzar "una solución no traumática" en los ERE de Santander y Popular-Pastor.

A la espera de la letra pequeña de toda esa información que tienen entre manos los sindicatos, dentro de la fase inicial del ajuste del grupo entra el personal de auditoría y prevención de riesgos laborales, la oficina de Santiago encargada de la gestión de grandes operaciones inmobiliarias y préstamos del ladrillo con problemas de pago y, sobre todo, el centro de la calle Orillamar, en A Coruña, con 157 efectivos para apoyo administrativo, posfirma hipotecaria, desarrollo tecnológico y operaciones de activo.

Los encargados de Recursos Humanos de Santander y Popular abren la puerta a que los trabajadores de estos departamentos en Galicia que no salgan por la vía de las prejubilaciones o las bajas incentivadas pasen a la división a la filial Santander Tecnología y Operaciones o a las unidades territoriales que el grupo presidido por Ana Botín tiene en Galicia. Se descartaría así, según apunta Javier Castro, el cambio de lugar de trabajo para Madrid.

Es un paso, según el representante de UGT, de los muchos que hay que dar. Castro insiste: "Para que realmente esto tenga un encaje sin medidas traumáticas no hay otra alternativa que bajar número de afectados y edad de prejubilación".

Los sindicatos recuerdan que ambas entidades vienen ya de procesos de ajuste recientes con prejubilaciones a partir de los 55 años. "Por eso de 58 años no queda nadie", remarca Francisco Villares, que igualmente incide en la reducción de la cantidad de salidas. "¿En qué medida? Vamos a verlo. Desde luego que hay que mitigar las salidas", añade.

La siguiente reunión será el jueves de la semana que viene. Santander quiere tener el expediente negociado antes de que acabe el año para empezar a aplicar las medidas en los primeros meses del próximo año. Las fuentes consultadas por este diario dan por hecho que la ejecución podría alargarse durante todo el ejercicio 2018.