El informe de la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -que carga contra el "elevado coste" de las primas a la industria por el servicio de interrumpibilidad e incluso cuestiona su necesidad- no ha sentado bien a la plantilla coruñesa de la aluminera Alcoa. Aunque el comité de empresa de la factoría de A Grela comparte algunas de las críticas vertidas por el organismo supervisor en su documento, discrepa de las alusiones a que el servicio de interrumpibilidad -por el que la gran industria reduce o suspende su consumo de energía cuando el sistema no logra atender la demanda a cambio de compensaciones económicas- es prescindible. Los trabajadores defienden que esta "herramienta" para actuar en caso de emergencia es "muy necesaria" y la comparan con un servicio de bomberos o de extinción de incendios. "Puede ser que en muchos momentos no tengan que actuar, pero cuando hay una emergencia son vitales. Imaginémosnos que en plena sequía y pleno invierno, la producción eléctrica no sea suficiente y las viviendas se queden sin luz por carecer de este sistema y, mientras, las empresas operen con normalidad. ¿Qué es prioritario?", plantea el presidente del comité de empresa de la planta coruñesa de Alcoa, Juan Carlos López Corbacho. Y recuerda que en octubre Red Eléctrica de España (REE), la empresa que opera el sistema, tuvo que recurrir a la interrumpibilidad y cortó el suministro a las factorías que Alcoa, Arcelor y Asturiana de Zinc tienen en Asturias tras registrarse un problema en la producción en la central térmica de Aboño, que suministra a la zona centro del Principado.
"Mientras la energía no se pueda almacenar, este sistema es necesario. Y más si, como plantea el Gobierno, en el futuro se podrá aplicar la interrumpibilidad por criterios económicos, como en caso de que la sequía provoque precios desorbitados de la energía", añadió el portavoz de la plantilla de A Grela.
López Corbacho admite que el sistema necesita cambios, pero recuerda que este servicio para casos de emergencia existe en otros países de Europa, como Alemania o Francia. Precisamente, de cara al futuro -la subasta de los incentivos eléctricos de este año solo tendrá cinco meses de vigencia porque el Gobierno prepara un modelo nuevo- la plantilla de Alcoa reclama que se adopte un sistema similar al alemán, lo que permitiría a las empresas planificar mejor su actividad a largo plazo al eliminar "la incertidumbre de un sorteo año tras año". "Tenemos claro que esta herramienta se puede mejorar, pero es un elemento más del precio de la electricidad y lo que necesitamos es un modelo que garantice nuestra competitividad frente a los competidores europeos", argumenta López Corbacho tras el informe de la CNMC.
El representante de los trabajadores de la aluminera estadounidense asegura que los precios de la energía para la industria española, "60 euros el megavatio (MW)", triplican los de países como Canadá, Estados Unidos o Noruega, "con 20 euros por MW", lo que complica la rentabilidad y el negocio de las grandes industrias españolas. "Al final el problema que tenemos es la ausencia de una política industria seria, tanto del Gobierno como de la Xunta, lo que pone en riesgo miles de puestos de trabajo", asevera.
Un sector generador de empleo
El comité de empresa de la planta coruñesa de Alcoa defiende la importancia del sector industrial para el empleo y la actividad económica y acusa a los Ejecutivos central y gallego de olvidarse de este sector. "Da la sensación de que se quiere apostar por el turismo y por el empleo precario y no por una industria que genera puestos de trabajo en buenas condiciones y crea riqueza", sentencia López Corbacho. De hecho, resalta que de cada empleo existente en la industria del aluminio dependen otros cinco, con lo que solo de la actividad de Alcoa en España -donde cuenta con unos 2.000 trabajadores en plantilla- dependen otros 10.000 empleos indirectos. Unos puestos de trabajo que, asegura el portavoz de la plantilla coruñesa, peligrarían si en la próxima subasta de la interrumpibilidad -que se celebra entre el 18 y el 22 de diciembre- alguna de las grandes industrias con plantas en España sale mal parada y no logra un precio de la energía suficientemente competitivo.
En el caso de la planta de A Grela, su cierre supondría la pérdida de 400 empleos directos y otros 2.000 indirectos, según los cálculos de López Corbacho.
