El cerco a las centrales térmicas de carbón se estrecha. La Comisión Europea anunció ayer la apertura de una investigación "pormenorizada" para determinar si el denominado incentivo a la inversión medioambiental de España a las centrales que queman mineral se ajusta a las normas sobre ayudas estatales de la UE. La Comisión teme que el incentivo se haya utilizado para cumplir las obligaciones medioambientales de la UE, que eran imperativas en cualquier caso. En juego están 440 millones de euros que ya recibieron las compañías eléctricas para mantener sus térmicas.
La semana pasada, la CE anunció que estaba evaluando el borrador de real decreto con el que el Gobierno de España pretende regular el cierre de centrales eléctricas y frenar clausuras "precipitadas" como las dos térmicas de Iberdrola. Pero ayer se supo que Bruselas también ha puesto la lupa sobre el incentivo a la inversión medioambiental, aprobado en 2007 por el Gobierno de Zapatero para las centrales de carbón que instalaran plantas de desulfuración y que fue ampliado en 2011 para inversiones en activos que reduzcan sustancialmente las emisiones de óxidos de azufre. A cambio de recortar las emisiones, tenían derecho a recibir ayudas públicas durante 10 años de 8.750 euros por megavatio instalado.
Según el Ejecutivo comunitario, desde 2007 catorce centrales de carbón se acogieron a este régimen y recibieron más de 440 millones de ayudas públicas. Y está previsto que haya pagos hasta 2020. Las ayudas financiaron buena parte de la inversión.
La comisaria europea Margrethe Vestager, responsable de la Política de Competencia, señaló: "Si contaminas, pagas: este es un principio largamente fundamentado en la legislación medioambiental de la UE. Las normas sobre ayudas estatales no permiten a los estados miembros liberar a las empresas de esta responsabilidad utilizando dinero del contribuyente. Creemos que este régimen español no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las emisiones de óxido de azufre, ya que ya estaban obligadas a ello en virtud del Derecho de la UE. Por lo tanto, tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal".
El Ministerio de Energía señaló ayer que las ayudas se financiaron con cargo al sistema eléctrico (el recibo) y no a los presupuestos del Estado y que cuando se crearon respetaban la regulación de la UE.
