Pensiones que separan a hermanos

Si viven en la misma residencia y superan el límite establecido por la Seguridad Social para percibir las pensiones no contributivas (8.803 euros al año, dos personas en la unidad familiar), se extingue la prestación

21.01.2018 | 16:52
Dos ancianos gallegos sentados en un banco.

Tras romperse la cadera, Julia Garijo Casal, de 94 años, decidió dejar su domicilio en Madrid para irse a vivir a una residencia de mayores de Matamala de Almazán (Soria), donde estaba alojada su hermana pequeña, Encarna, de 83 años. Juntas se ayudarían. Sin embargo la convivencia duró muy poco. Julia -que acaba de fallecer esta semana- tuvo que volver a hacer las maletas para regresar a Madrid al enterarse de que Encarna perdería la pensión no contributiva de jubilación de 380 euros mensuales con la que pagaba la residencia porque, al vivir juntas y al recibir Julia una pensión de viudedad, superarían el límite de rentas de la unidad familiar establecido por ley.

El caso de Julia y Encarna se hizo popular porque dio origen a un movimiento de recogida de firmas a través de una plataforma digital que cosechó más de 135.000 apoyos y llegó hasta el Congreso de los Diputados. No es un caso muy habitual, pero tanto los sindicatos como asociaciones de pensionistas dan por hecho que en Galicia se habrá dado alguno. Fuentes de la Consellería de Política Social explicaron a este diario que el Ejecutivo gallego "no dispone de datos concretos en su sistema que permitan conocer la existencia" de alguna situación similar en la comunidad y recalcaron que la percepción de una pensión no contributiva "está regulada por la normativa estatal". "Las comunidades autónomas nos limitamos a aplicar las normas y criterios establecidos por el Imserso [Instituto de Mayores y Servicios Sociales]", detalla el departamento dirigido por José Manuel Rey Varela.

Las administraciones, a la luz de la Ley Pensiones, consideran que, por el hecho de convivir en un mismo lugar, aunque sea una residencia de mayores, los hermanos forman parte de la misma unidad familiar y, por tanto, se computan las rentas de ambos. Algo que confirma la Xunta al señalar que a efectos de la percepción de la pensión no contributiva "se computan como unidad familiar a dos hermanos que convivan en la misma residencia de mayores", pero el Ejecutivo gallego asegura que, sobre este asunto, las comunidades ya solicitaron que se estudiase "la procedencia de una modificación de la normativa". "Una propuesta que el Imserso se comprometió a analizar", concluyen fuentes de la Consellería de Política Social.

Mientras ese posible cambio no llega, la situación actual provoca que si los dos hermanos que viven en la misma residencia superan el límite establecido en la Ley General de la Seguridad Social para percibir las pensiones no contributivas (8.803 euros al año cuando conviven dos personas en la unidad familiar) se extingue la prestación no contributiva. Fue lo que estuvo a punto de ocurrir en el caso de Julia y Encarna si la primera no se hubiese mudado. La Junta de Castilla y León comunicó a Encarna que perdería su pensión no contributiva de 380 euros mensuales como consecuencia de la convivencia en la residencia con su hermana, que percibía una pensión de viudedad.

"Este hecho supone una doble consecuencia. La primera, tener que abandonar la residencia de mayores, al no poder sufragar los gastos derivados de la misma. Y la segunda, dejar de convivir con su hermana en unos momentos de la vida en que resultan tan necesarios los lazos familiares y de ayuda mutua", apuntó María Mercè Perea i Conillas, diputada del PSOE, partido que a raíz del caso de Julia y Encarna presentó en el Congreso una proposición de ley para corregir esa "laguna" burocrática.

Sin embargo la iniciativa del PSOE fue bloqueada en la Cámara baja por el PP argumentando indisponibilidad presupuestaria para cubrir la medida. Posteriormente, el grupo socialista planteó una proposición no de ley que en ese caso sí fue aprobada el pasado 13 de diciembre con 336 votos a favor y una abstención. Fruto del acuerdo, el Pleno del Congreso insta al Gobierno de Mariano Rajoy a reforzar el principio de solidaridad del sistema público de pensiones y a adoptar medidas para que no se consideren unidad económica los supuestos de familiares en segundo o tercer grado de consanguinidad que convivan en un centro asistido o residencia para mayores. Además, exige que se revisen los expedientes en los que se hubiera extinguido la pensión no contributiva por esa consideración.

El grupo socialista en el Congreso de los Diputados estima que el gasto que supondría el cambio de consideración de "unidad económica de convivencia" ascendería a unos 13 millones de euros ya que afectaría a alrededor de 400 personas en toda España.

En Galicia, según datos del Imserso a cierre de 2017, hay 24.549 beneficiarios de pensiones no contributivas de jubilación que cobran una media de 365,48 euros al mes. Para darse un caso como el de Julia y Encarna, uno de esos beneficiarios tendría que convivir en una residencia con un familiar que también cobra una prestación y que la suma de sus ingresos supere los 8.803 euros anuales. Una combinación que no hay constancia de que se haya dado pero que tanto sindicatos como asociaciones de jubilados consideran "muy probable".

La diputada María Mercè Perea i Conillas destacó en la proposición no de ley aprobada en el Congreso que cada vez es mayor la convivencia de personas unidas por lazos familiares dentro de las residencias de ancianos o en viviendas tuteladas "lo que exige la adopción de medidas que impidan lagunas de cobertura debido a interpretaciones jurídicas alejadas del espíritu y objetivos de la Ley pues provocan e inciden en una mayor situación de la vulnerabilidad de las personas mayores".

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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