La Justicia ha destapado en A Costa da Morte una supuesta trama de corrupción relacionada con adjudicaciones de contratos públicos. El epicentro se sitúa en los ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos y tiene ramificaciones menores que salpican a otros concellos de la provincia coruñesa como Corcubión, O Pino o Noia.

El dato más relevante del sumario judicial de la operación Orquesta instruido por el juez de Corcubión, Andrés Lago Louro, es la implicación de una empresa constructora de Muxía, Ogando, a la cual se le atribuye acaparar las adjudicaciones de obras a cambio del pago de una comisión del 10% a alcaldes, concejales y funcionarios municipales. Estaría también por medio el logro de favores de la administración autonómica, siempre según lo conocido hasta ahora del sumario. La investigación judicial ha imputado a tres alcaldes, José Manuel Traba y José Manuel Santos, del PP, y Ramón Vigo, independiente apoyado por el PSOE, que gobierna ahora en solitario al retirarle los socialistas su confianza tras conocerse su implicación en el caso.

El juez mantiene en las conclusiones de la investigación que los procesos de adjudicación de obras en Cee, Fisterra y Mazaricos eran una pantomima en la que se invitaba a presentarse a los concursos a empresas amigas, a sabiendas de que el contrato ya estaba decidido de antemano. "Hoy por ti, mañana por mí", era la filosofía que presidía las operaciones según el sumario hecho público hace unos días.

Las conversaciones telefónicas intervenidas a los políticos, funcionarios y empresarios imputados resultan más que elocuentes. Recogen frases como ésta: "Hay que pagar en B… ¿tienes la caja fuerte abierta?", dirigida por el alcalde de Cee a la jefa del gabinete de la Alcaldía, que es además su pareja; o ésta otra: "Mándame el presupuesto para que podamos decidir dártelo", recogida en una conversación entre un funcionario de Portos de Galicia y un constructor imputado. Nada muy distinto, desgraciadamente, a lo escuchado en procesos similares en otras partes de España.

El juez Andrés Lago implica en la trama a funcionarios de tres consellerías, Cultura, Medio Ambiente y Traballo, en concesiones fraudulentas de subvenciones en Corcubión y tráfico de influencias para cambiar la ubicación de un centro de talasoterapia por intereses de un concejal de Cee o para lograr la contratación de un familiar de uno de los constructores imputados en un centro geriátrico de Vimianzo.

Acicateado por socialistas y nacionalistas, el PP ha descartado inhabilitar a los alcaldes y concejales imputados y eliminarlos de las listas de las próximas elecciones municipales del 22 de mayo, escudándose en la necesidad de aguardar a la conclusión del proceso judicial. En esto el caso tampoco presenta novedad alguna sobre lo que estamos acostumbrados a presenciar, desafortunadamente.

Y así, asistimos en todo el país al cínico espectáculo de cómo el mismo partido que en una comunidad defiende la inclusión de imputados en las listas, critica por ello a sus contrincantes en otros feudos. Y viceversa. Los políticos quizá deberían reparar en esos comportamientos cuando buscan explicación, por ejemplo, al hecho de que cada vez sean más los españoles que consideran a los propios políticos como uno de los principales problemas del país.

La investigación ha puesto de manifiesto, entre otras muchas cosas, la ineficacia de los mecanismos de control administrativo de ámbito superior para detectar las irregularidades en las adjudicaciones de contratos en la esfera local. De ahí que sea tan necesaria una explicación de la Xunta sobre las implicaciones de tres consellerías recogidas en el sumario.

Si los políticos, en general, y aquellos con responsabilidades de gobierno en particular quieren recuperar la socavada confianza que los ciudadanos tienen en ellos deben exhibir una inequívoca actitud de rechazo hacia la corrupción. Una forma de hacerlo sería, por ejemplo, la apertura de investigaciones internas que permitan depurar responsabilidades políticas con celeridad, al margen de la instrucción judicial, junto con el establecimiento de garantías de limpieza en las adjudicaciones de obras públicas. Puede ser que determinadas modificaciones legales mejorasen los mecanismos de control, pero en la mayoría de las ocasiones basta con ser estrictos en la aplicación de las normas ya existentes.

Limitarse a mirar para otro lado, como les gusta hacer a los políticos de uno u otro signo, sólo sirve para dar pábulo a algo tan injusto como esa creencia, cada vez más generalizada, de que la corrupción es consustancial a la práctica política y de que afecta a todos por igual. No es cierto, y la mejor manera de demostrarlo es, precisamente, separando a los corruptos.