El presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, prometió crear para después del verano una comisión parlamentaria que investigue las causas de la quiebra de las dos cajas gallegas, que él mismo forzó a fusionarse. "En cuanto conozcamos el importe de la capitalización y el debate no siga dañando a la marca Novagalicia Banco -dijo en una entrevista concedida a la Radio Galega- crearemos esa comisión. Galicia tiene derecho a saber por qué unas cajas que estaban fuertes, al final acreditaron que tenían unos balances descuadrados y unos activos mal valorados que dieron lugar a un enorme problema de crédito. Y como Galicia tiene derecho, Galicia ejercerá ese derecho a través del Parlamento". Si nos atenemos a la literalidad de sus declaraciones, el propósito parece no solo admirable sino valiente. Pocas veces habremos visto en la política española que el máximo responsable de un desastre propicie una investigación parlamentaria que puede dejarlo desnudo ante la opinión pública. Salvo que el señor Feijóo, prevaliéndose de su mayoría en la cámara, pretenda despachar este turbio asunto con un lavado de manos al estilo de Pilatos, y acabe por transferir la culpa a los demás. Una forma de proceder en la que se ha revelado como especialmente hábil. Desde luego, Galicia tiene derecho a saber por qué dos cajas de ahorro, Caixanova y Caixa Galicia, con una potente y fiel base social, acabaron en la ruina; por qué el presidente de la Xunta las forzó insensatamente a fusionarse; por qué las auditorías que acreditaban su solvencia resultaron falsas; por qué los directivos que las mal gestionaron se fueron para casa con indemnizaciones multimillonarias; por qué los directores de algunas sucursales engañaron a los clientes ofreciéndoles suscribir unos productos de irrecuperable liquidez; y, en definitiva, por qué, al final, la caja resultante de la fusión se convirtió en un banco dirigido por unos financieros que se ofrecieron a dirigirlo con promesas de futuras inversiones a cambio de que el Estado, tras sanear sus cuentas, se lo pusiera en la mano para hacer negocio. Todas esas preguntas, por descontado, merecen una respuesta. En el Parlamento y en los juzgados. La lista de puntos oscuros a esclarecer es larga. Recientemente, leí en un periódico la carta de un lector (seguramente alguien con experiencia en la materia) que, a propósito del caso Bankia, enumeraba algunos de los extremos a investigar. "Queremos conocer -decía este curioso lector- las actas de los consejos de administración en las que se aprobaron las operaciones de crédito insolventes; las actas de los comités de riesgo que aprobaron los préstamos; los acuerdos de los órganos de dirección y las instrucciones de los directivos que dieron curso a estas operaciones; los contratos de préstamos suscritos con las compañías constructoras y los promotores inmobiliarios que han resultado impagados; los convenios de financiación con las administraciones públicas ejecutoras de obras e infraestructuras fallidas etc., etc. No nos engañemos -concluía- el rescate lo vamos a pagar todos, con la rebaja de sueldos, el aumento de impuestos, la congelación de pensiones, y los recortes en sanidad, educación y servicios públicos, y por tanto tenemos derecho a saber". Saber qué se hizo con el dinero de las cajas de ahorro gallegas sería altamente instructivo sobre la relación entre finanzas y política.