La operación Pokemon, la trama de corrupción que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Vendex, es una bola de nieve que no para de crecer. En Galicia afecta ya a los tres partidos con representación parlamentaria, PSOE, PP y BNG y todo apunta a que habrá más arrestos y una ampliación de la operación judicial fuera de la comunidad.
El caso destapado por la juez de Lugo Pilar de Lara se ha cobrado ya 22 detenciones y ha provocado la dimisión de dos alcaldes, el socialista Francisco Rodríguez, en Ourense, y el popular Adolfo Gacio en Boqueixón, así como la del concejal nacionalista Fernando Varela también en Ourense. Se encuentran imputados además el jefe de la Policía Local de Ourense, Abelardo Ulloa, y el concejal socialista Manuel Ángel Pico Yáñez, de Cospeito.
Cinco empresarios han sido arrestados hasta el momento y dos de los 22 imputados fueron enviados a la cárcel: Gervasio Rodríguez Acosta, presidente de la empresa Vendex y Francisco Fernández Liñares, ex presidente de la confederación Hidrográfica MIño-Sil y exconcejal del PSOE en Lugo. Liñares confirmó que recibía pagos por parte de una empresa de Vendex que gestiona la ORA, servicio del que también se ocupa en A Coruña.
El nudo gordiano de la investigación se encuentra en las actividades de la empresa Vendex, un conglomerado de sociedades que gestiona adjudicaciones públicas en 38 ciudades españolas. En la ciudad de A Coruña obtiene la mitad de sus ganancias en Galicia. Cinco millones de euros al año. A través de su filia Doal, gestiona actualmente en A Coruña, entre otros, los servicios municipales de la ORA y la Grúa, adjudicados por el Gobierno de Francisco Vázquez en 2005, con una vigencia de diez años, esto es, hasta 2015.
El presidente de la empresa, Gervasio Rodríguez Acosta, ingresado ahora en la cárcel bajo la acusación de cohecho y tráfico de influencias, arrebató en A Coruña estas concesiones a la empresa Aparkisa en un polémico proceso plagado de anomalías que acabó en los juzgados. Un juez falló en primera instancia contra la adjudicación a Doal -un suculento contrato por 3,3 millones de euros anuales desde 2005-, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la consideró legal.
LA OPINIÓN reveló poco después un informe de la jefa del servicio municipal de Gestión Tributaria que denunciaba limitaciones en su función, al alegar que en la adjudicación a Doal, no le habían permitido acceder a los documentos y que había recibido solo un resumen con las ofertas empresariales ya puntuadas. Esta irregularidad llevó en 2007 al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo a anular nuevamente el contrato a Doal y a obligar al Ayuntamiento a repetir la evaluación de las propuestas empresariales en la mesa de contratación. Esta segunda anulación también fue parada por el Superior en 2009.
Un ex socio de Rodríguez Acosta, el actual presidente de la patronal nacional de aparcamientos y garajes, Jaime López de Aguilar, declaró al hilo de las primeras detenciones por la operación Pokemon no sentirse sorprendido, ya que él mismo había abandonado la empresa ahora en el epicentro de la investigación a los pocos meses de su constitución, tras haber detectado prácticas irregulares en las adjudicaciones de los contratos públicos, que eran logrados sin presentar mejoras tangibles en los precios ni en los servicios prestados.
Vendex tiene el centro de sus negocios gallegos en A Coruña, donde gestiona una decena de concesiones a través de varias sociedades filiales. Una de ellas, Sermasa, perdió con polémica tras la llegada de Negreira el mantenimiento de la Torre de Hércules, al descubrirse que se le seguía pagando desde 2010 sin ningún tipo de licitación. Una de sus concesiones claves en A Coruña, la de la ORA y la Grúa, es motivo de debate municipal. Este servicio recaudó 1,8 millones hasta septiembre, pero genera costes de 2,2 millones y causa unas pérdidas mensuales de 42.000 euros a las arcas coruñesas, por lo que los concejales del BNG y de EU han pedido una comisión de investigación.
Ninguna de las filiales de la empresa que actúa en A Coruña está imputada en la causa abierta por la juez de Lugo, así que resulta superfluo apelar a la presunción de inocencia. Y respecto a cómo se han tramitado las concesiones de esos servicios, ahí están los datos conocidos hasta ahora para ser juzgados. Pero A Coruña debe velar por la transparencia y eficiencia de todos y cada uno de sus servicios, especialmente de aquellos que fueron tramitados durante una época de un oscurantismo tan lamentable como conocido. De ahí la pertinencia de reclamar luz y taquígrafos sobre los contratos públicos en A Coruña.
