A Besteiro le disgustó el aplazamiento sine díe de su comparecencia en el juzgado tanto o más que su imputación. Tenía perfectamente preparado el alegato, con argumentos de peso y abundante documentación, y era mucha su confianza y la de su abogado en salir airosos del trance e incluso lograr un pronunciamiento favorable de su señoría, a pesar de lo poco dada que es a esas cosas la magistrada De Lara. Doña Pilar considera imprescindible tener sobre la mesa información patrimonial y bancaria del líder de los socialistas gallegos de la que todavía no dispone. Entiende que tales datos son clave para orientar el interrogatorio, que en todo caso debe ser posterior a la declaración, ahora como imputado, del letrado que asesoraba al promotor inmobiliario cuya actuación generó la causa.

El fastidio de Besteiro se comprende mejor sabiendo que la jueza le imputó formalmente el mismo día que solicitaba los documentos que la Agencia Tributaria y los bancos tienen aún pendientes de entregar. El secretario general del Pesedegá se pregunta, con razón, en qué se basan las imputaciones si no hay datos fehacientes que les den un mínimo soporte. Y tampoco entiende que la falta de tan vital documentación no haya sido óbice para que estos días desfilaran por la sede judicial otros imputados y testigos del caso, entre ellos, su propia esposa.

Por todo ello, y también y sobre todo por las consecuencias políticas que le acarrea su condición de imputado, a Besteiro le parece injustificable el aplazamiento. No lo entiende. Y se siente víctima de una situación de total indefensión, consciente como es del daño, de difícil o imposible reparación, que a su imagen y a la del partido le causa la prolongación de la incertidumbre por tiempo indefinido (seguramente no será citado de nuevo hasta bien entrado setiembre, tras el paréntesis veraniego). Porque durante todo este tiempo seguirá estando bajo sospecha tanto para muchos de sus compañeros como para sus rivales y amplios sectores de la opinión pública. Ya se sabe que en esos ámbitos no funciona para nada la tan socorrida presunción de inocencia.

También está suspendida hasta nueva citación la declaración como imputado en el mismo caso del exalcalde López Orozco, a cuyo equipo de gobierno pertenecía Besteiro, en calidad de concejal de Urbanismo hace diez años, cuando se concedieron las polémicas licencias para construir las Torres de O Garañón. Él se queja igualmente de la dilación, tampoco la ve justificada. Sin embargo, está más curtido, por la larga experiencia de imputaciones y desimputaciones que acumula, y además ya está fuera de la política activa. Por tanto, solo se juega su honorabilidad, que no es poco, pero nadie podrá usar sus peripecias judiciales para entorpecer o cortar en seco su carrera ascendente en la cosa pública. Ni siquiera le podrán quitar lo bailado.

La juez De Lara tiene pendiente de resolver el abultado recurso -de casi cincuenta páginas- presentado por el abogado de Besteiro, el exfiscal general del Estado Conde Pumpido. Ambos dan por seguro que lo desestimará, pero después tendrá que pronunciarse la Audiencia Provincial. A eso se agarran ambos, y a la solidez de los argumentos que deberían paralizar un procedimiento que, a su entender, adolece de varias causas de nulidad, dado que la jueza no habría hecho del todo bien las cosas. Dada la proverbial lentitud de la Justicia, de aquí a entonces pueden transcurrir varios meses. Con la espada de Damocles de la imputación pendiendo sobre su cabeza durante todo ese tiempo, y sus enemigos trabajando sin descanso, para cuando se declare su inocencia Don José Ramón estará políticamente muerto y enterrado.