Pasan los días y la polémica sigue enquistada en los aledaños del Gobierno municipal de la capital del Estado español. El equipo de Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, ha creído oportuno crear una web, dentro de su portal oficial, para desmentir informaciones tendenciosas vertidas desde algunos medios de información que, sin fundamento (basadas en la manipulación, falta de objetividad y carentes de base) lanzan su casquería con el único objetivo de: por un lado, insultar y mentir y por otro, el meter miedo, mangonear, tergiversar y distraer a los madrileños. Si bien, los efectos de tales comentarios e interesadas informaciones y la manipulación de la verdad afectan a toda la ciudadanía del Estado. Está claro que hay que proteger la libertad de expresión como un derecho fundamental, pero no el libertinaje y la tergiversación. Desde cualquier posicionamiento político e ideológico se puede discrepar y criticar todo aquello que sea de dominio público, basándose en actuaciones o acciones derivadas y promovidas desde las distintas administraciones, pero es totalmente inadmisible plantear el linchamiento, en este caso, de Manuela Carmena, por denunciar en la web municipal Versión Original los insultos, la alteración con la que algunos sectores, ultraconservadores, conculcan la información oficial, en un claro intento de desvirtuar su contenido.
Si lo que hacen desde algunos medios escritos, tertulias televisivas y radiofónicas acodadas a la Iglesia, al liberalismo absolutista y al conservadurismo, es libertad de expresión, la web que está provocando tal polvareda y desde la que se pretende desmentir las falacias de tertulianos y comentaristas de más que dudosa calidad democrática, ¿cómo calificarla? El revuelo levantado ha propiciado que intervenga el PSOE, en un intento de llegar a un acuerdo que modifique la red oficial, manteniendo su carácter informativo y a la hora de desmentir informaciones, sin fundamento, vertidas por mensajeros de conocida tendencia ultraconservadora, no citar el nombre de los medios ni la de los apuntadores que, tendenciosamente, pregonan cuestiones que nada tienen que ver con la realidad de lo expuesto por el Ejecutivo consistorial madrileño. Si lo que manifiestan los innombrables se considera una defensa de la muy cacareada libertad de expresión, resulta incomprensible que la otra parte no pueda desmentir las falsedades. La decisión de defender el derecho a que se conozca, para bien o para mal, la actuación del Gobierno municipal madrileño no es coartar la libertad de expresión y, aunque las organizaciones políticas y asociaciones de juristas critiquen la creación de aquella web y el ministro de Justicia diga que la decisión de Manuela Carmena tiene "un cierto tufo a regímenes totalitarios", es un soberano disparate. Si defenderse de las insidias, mentiras y calumnias es coartar la libertad habrá que preguntarse ¿qué es cercenar la sanidad, la educación, promulgar leyes coercitivas como la del aborto, la ley de seguridad ciudadana y otras reformas del Código Penal, que vulneran logros sociales y derechos constitucionales? ¿Son, las citadas, una muestra de buenas prácticas? La censura impuesta por algunos sectores conservadores coarta las libertades y ahora ¡cuidado! no haya que responder ante la Justicia si manifestamos y defendemos el derecho a decir la verdad. Por cierto, qué podemos decir de lo manifestado por un alcalde del PP, de un pueblo de Valladolid, que ha llamado "puta barata podemita" a la portavoz socialista de CastillaLa Mancha, ¿es eso libertad de expresión? Procuremos no caer en desacato y alabemos las bondades del gobierno de Rajoy, censuremos a doña Manuela Carmena (alcaldesa de Madrid) por ejercer el derecho de desenmascarar a aquellos que utilizan los canales informativos para desvirtuar sus decisiones. Consecuentemente, la libertad de expresión es estar de acuerdo con lo que manifieste el gobierno conservador, los poderes fácticos, los mediáticos, la Iglesia, los ultra liberal-conservadores y los que aún no tienen definido su espacio político pero practican el radicalismo demagógicamente, en su propio beneficio acodados orillando los derechos y las libertades de políticos honestos y de la propia ciudadanía.
