A raíz de las noticias generadas por la difícil situación actual de la empresa Abengoa, muchas han sido las voces que se han ido posicionando y dando, más o menos formalmente, su opinión. Y algunas, desde mi punto de vista, muy fuera de foco. Particularmente desde instancias políticas de diferente signo, y aunque bastante matizadas después, ha habido cantos de sirena a la pertinencia de un hipotético "rescate" de la corporación por parte del Estado. A reflexionar sobre ello, si les parece, dedico los siguientes párrafos.

Pero, para situarme desde un principio, fíjense que he titulado este artículo Salvar lo insalvable. Esto no quiere decir que los veinticinco mil millones de euros que conforman la totalidad de la deuda aproximada del grupo me parezca un monto demasiado elevado para no poder acometer una refinanciación con los bancos acreedores, si estos se prestan. Lo que significa, y lo ligo con el párrafo anterior, es que cualquier operación que comprometa una injerencia del Estado en las cuentas, situación y futuro de una empresa netamente privada es, desde mi punto de vista, verdaderamente aberrante. Por eso no se puede salvar algo, si es que finalmente cae, sin conculcar el espíritu de la libre competencia, la justicia económica y, si me lo permiten, las propias leyes del mercado.

Miren, con estas cuestiones tengo sensaciones encontradas, y les voy a explicar por qué. Por una parte, no creo en un capitalismo neoliberal donde el hecho económico campe por sus respetos sin más cortapisas. Prefiero un esquema también basado en el hecho comercial, y en los elementos socioeconómicos del capitalismo -propiedad privada, iniciativa del individuo y de la empresa, trabajo por cuenta propia y ajena...-, pero intervenido y regulado normativamente desde el Estado, de forma que la actividad económica no derive en una verdadera jungla donde los mejor posicionados marginan al resto. Creo en un Estado, además, que provea a la sociedad de los elementos de compensación oportunos para equilibrar aspectos socioeconómicos derivados de las ineficacias y exclusiones del modelo, intentando el garantizar que todas las personas tengan acceso a unos mínimos. Regulación, inspección y transferencias sociales, pues. Pero sin injerencias.

Porque, si las hay, estas son injustas, siempre y por definición. Por eso, si va a ser así y tal discriminación se produce por parte del Estado y sus actuaciones -y aquí la paradoja-, entonces déjenme que me alinee con el capitalismo más puro y duro, a la estadounidense, que creo que es menos malo. Allí, si Enron se cae, cayó y punto, y otros mejores o con más tablas emergerán cual Ave Fénix de sus cenizas, y ya absorberán naturalmente parte de los trabajadores, clientes y actividad de los caídos. Aquí, si Abengoa cae -asfixiada por una insostenible deuda, contraída para un crecimiendo desaforado en un momento del mercado que no es el de hoy-, hay quien apela a todas las estructuras del Estado para intentar que no ocurra. Sin reparar en el detalle de que, en tal caso, estaríamos hablando del dinero de todas y todos poniéndose al servicio del dinero de unos pocos accionistas. Y sin importar, claro está, la discriminación subyacente para los miles de pequeños empresarios y autónomos que han cerrado sus puertas últimamente, agobiados por deudas absolutamente impagables y por situaciones del mercado críticas, y que -en muchos casos- tardarán mucho en poder volver a remontar.

Para mí es mejor, pues, una situación donde el Estado no genera injerencias que discriminan a unos e impulsan a otros, que aquella donde sí se producen estas prácticas. En este caso, parece que todo está claro y el propio ministro de Industria ha descartado con claridad la pertinencia de una mayor intervención del Estado en Abengoa que la que ya se verifica hoy, y que asciende a unos pocos cientos de millones de euros. Pero no siempre ha sido así, en otros casos. Yo sigo teniendo muy claro, por ejemplo, que en el esperpéntico conjunto de episodios de la intervención de la banca española -y, en particular, de algunas de las extintas cajas de ahorro- ha habido mucho de esto. Y basta un análisis sosegado de cuál es la situación ahora para comprender que ni fueron ciertos todos los análisis de partida, ni parece muy justo el resultado y la enorme inyección de dinero público -de todas y todos- en cuentas de resultados que son -tomen buena nota- de unos pocos nada dispuestos a compartirlo.

Por todo ello, creo que el papel del Estado en el caso Abengoa será, por ejemplo, el de tratar de sentar a los diferentes actores a negociar desde una buena predisposición inicial. O el de tender puentes y crear buen clima, con el ánimo de tratar de reconducir la situación y que las consecuencias negativas en empleo -27.000 empleados-, innovación, generación de riqueza y servicio a la sociedad sean mínimas. Pero de ahí a una injerencia económica hay mucho y, sinceramente, creo que muy malo.