La Xunta ha abierto un expediente al Ayuntamiento de A Coruña por irregularidades en la concesión de una licencia de obra en 2014, durante el mandato del Gobierno anterior, para reformar las Casas de Paredes, el emblemático inmueble de la Marina del siglo XVIII junto al teatro Rosalía Castro. El Ejecutivo autonómico alega que el anterior Gobierno local se saltó el preceptivo permiso de Patrimonio para modificar un edificio declarado monumento histórico-artístico desde 1982 y catalogado como Bien de Interés Cultural. Y advierte a la actual corporación de una sanción grave que podría llegar a los 150.000 euros.
Pocos días antes de esta notificación, otra espada de Damocles urbanística mucho más inquietante se cernía sobre María Pita. Los propietarios de los terrenos del entorno de la Torre de Hércules destinados a principios de los 90 a convertirse en un complejo residencial, que la Xunta impidió edificar en 2010, presentaron una reclamación millonaria al Concello. La compensación que piden por el incumplimiento del acuerdo firmado por un Gobierno de Francisco Vázquez en 1993, que les permitía construir seis bloques de viviendas en el Agra de San Amaro, la cifran en unos 100 millones de euros. Los demandantes cedieron al Concello en los 90 fincas para el paseo marítimo a cambio de la concesión de edificabilidad en terrenos cercanos al faro.
El caso San Amaro saltó al primer plano de la actualidad coruñesa en junio de 2009, cuando la Unesco otorgó a la Torre de Hércules la distinción de patrimonio de la humanidad. Este hito cultural con enormes potencialidades turísticas, que situaba a la ciudad coruñesa en el mapa internacional, llegaba sin embargo con una advertencia. La Unesco amenazaba con retirar el emblemático título al faro romano si se continuaba con el incongruente plan inmobiliario que podía tapar la visión del monumento con una andanada de ladrillo.
La avalancha de voces críticas, que incluía al propio ministro de Cultura, el intelectual coruñés César Antonio Molina, que respaldó activamente la candidatura coruñesa en la Unesco, tuvo como consecuencia finalmente que la Xunta negase en 2010 la edificabilidad concedida años antes por el Ayuntamiento en una zona tan comprometida para la imagen de la ciudad. Trasciende entonces que el Ejecutivo gallego había advertido ya en 2005 al Gobierno local coruñés de que la operación inmobiliaria planeada en San Amaro contravenía el plan especial de la Torre de Hércules.
El plan inmobiliario impulsado por Vázquez en la Torre se convirtió en una patata caliente que los sucesivos ejecutivos coruñeses se fueron pasando sin encontrar una solución. Losada denegó las licencias en 2010, apoyándose en el informe negativo de la Xunta. Negreira intentó dárselas en la cantera de Adormideras, pero la cercanía con la Torre provocó una activa campaña en contra de los vecinos de Monte Alto que le llevó a dar marcha atrás tres días antes de las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015. Sin proponer una solución alternativa.
La demanda millonaria presentada ahora por los promotores en los tribunales llega después de que el Ejecutivo municipal de Marea asegurase que impedirá que se construya tanto en San Amaro como en Adormideras, que considera también como parte de la zona de especial protección de la Torre de Hércules. El Gobierno local rechaza cualquier indemnización, al considerar que los promotores no ejercieron el derecho a edificación que el Ayuntamiento les concedió en el plan general de 1998, vencido con los cambios introducidos en el nuevo PGOM aprobado en 2013, que prohíbe construir en el entorno de la Torre. En su día, se especuló con que ese atraso en construir se debía a que a las puertas del boom del ladrillo, se esperaba a una mayor revalorización del negocio inmobiliario.
La amenaza del legado urbanístico no acaba aquí, ni mucho menos. El Ayuntamiento coruñés está obligado a sacar de nuevo a concurso la urbanización del ofimático, de la que dependen varias promociones de vivienda pública, tras la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anuló el contrato firmado en las postrimerías del mandato de Javier Losada en 2011. El Gobierno local logró frenar este diciembre pasado en los tribunales una reclamación de los promotores de este polígono, pero debe lidiar con el descontento de los afectados tras largos años de infructuosa gestión.
A este interminable rosario se suma el sempiterno calvario de indemnizaciones por las irregularidades en la gestión del polígono de Someso, cuyas facturas millonarias siguen llegando puntualmente. Y también las consecuencias del alcance del derribo del edificio Fenosa por la licencia ilegal concedida en 1997, cuyo desenlace, demolición parcial o total del edificio, está pendiente de la resolución del Tribunal Superior.
La irresponsable política urbanística que imperó en A Coruña desde los años 90 no cesa de lastrar el erario coruñés. Una muestra irrefutable de ese nefasto legado es el reparto de las partidas previstas en los presupuestos municipales de A Coruña para 2016. El aluvión de sentencias judiciales por conflictos urbanísticos heredados de anteriores administraciones obliga a reservar este año 2,3 millones solo para este fin.
La ciudad tiene hipotecado su potencial económico por una interminable cadena de condenas derivadas de las ilegalidades urbanísticas perpetradas durante la fiebre del ladrillo sin que sus autores hayan asumido hasta el momento la menor responsabilidad por un legado que lastra año tras año el erario coruñés.
