Lo que desespera a los ciudadanos no es tener que repetir las elecciones, ni soportar durante meses el teatrillo de unos políticos enrocados en sus particulares intereses, sino comprobar que sus dirigentes políticos no ofrecen soluciones que resuelvan sus problemas. Lo que más decepciona a los electores sumidos en un interminable bucle electoral es la ineficacia de una clase dirigente a la hora de contribuir a la resolución de los grandes desafíos que se pudren sin remedio. Hay cuestiones de absoluta prioridad que generan una gran incertidumbre a los sufridos administrados que reclaman estrategias que no se pueden demorar más.

Este periódico publicó estos días unos datos que ofrecen una más que inquietante radiografía de la economía social de Galicia. Las aportaciones de los salarios de los trabajadores gallegos apenas sostienen ya el sistema público de pensiones. Las cotizaciones de la Seguridad Social en Galicia ya sólo cubren el 25% de las pensiones. El gran desempleo y los contratos precarios hunden a toda velocidad el colchón de la Seguridad Social.

El coste de las prestaciones sociales se ha incrementado vertiginosamente en Galicia en los últimos tres meses, hasta los 1.500 millones de euros, mientras que las cotizaciones solo han aportado en ese mismo periodo unos escasos 400 millones. Este desequilibrio extremo entre ingresos y gastos pone seriamente en peligro el sistema de jubilaciones en Galicia, pero pese a tratarse de una cuestión que pende como una espada de Damocles sobre el inmediato futuro de los gallegos, no parece ser una urgente prioridad compartida por todos los partidos en la interminable campaña electoral que vivimos desde hace meses.

En política se acabaron los sueños de grandeza. La crisis nos ha impuesto por mucho tiempo una gran cura de humildad y realismo. Pero el debate político sigue interpretando otra partitura, muy alejada de los sangrantes problemas que acucian a los ciudadanos.

Un ejemplo lapidario de esa mentalidad política tan alejada del interés común es la obscena insistencia en la repetición del gasto electoral en un país al que la Comisión Europea acaba de emplazar para el día después de las urnas para otra dramática ronda de recortes. Y quizás también para una gravosa multa por el exceso de déficit que podría llegar a los 2.000 millones de euros.

Es especialmente inexplicable la resistencia de algunos partidos a ahorrar en el envío de papeletas por correo, un gasto absurdo que alcanza la friolera de 48 millones en unas elecciones generales. Como si a los electores no se les hubiera repetido ya hasta la náusea los argumentos de cada partido o si los españoles necesitaran ser pastoreados papeleta en mano desde su casa a las urnas al más puro estilo tercermundista.

No es una nueva e inútil inundación de papeletas partidarias en los buzones o de retratos ya demasiado vistos de líderes políticos en calles, paredes y autobuses lo que precisa en estos momentos este país. Lo que precisa y con urgencia son soluciones a las sempiternas asignaturas pendientes que se arrastran sin solución desde hace años o décadas. En A Coruña, sin ir más lejos.

La Ciudad de la Justicia que se construye en la antigua sede de la fábrica de Tabacos lleva años de atraso por los enfrentamientos entre administraciones por razones electorales mientras se colapsan los juzgados coruñeses. La Fiscalía acaba de reconocer esta semana que resultará imposible clasificar las decenas de miles de causas pendientes en Galicia antes del día 6 de junio, cuando vence el plazo que fija la reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal. Con el consiguiente riesgo de carpetazo a esos asuntos. Jueces y fiscales piden más atribuciones, medios y espacio para atender una Justicia colapsada.

El acceso por tren a Langosteira, imprescindible para la viabilidad del puerto exterior, está en el aire mientras se ha financiado en dársenas competidoras como Gijón. La ría do O Burgo lleva años pudriéndose con toneladas de contaminación química acumulada desde hace medio siglo mientras se pasan la patata caliente de administración en administración sin que nadie haga nada. La ampliación de Alfonso Molina y la estación intermodal, esenciales para regular los accesos a la ciudad e integrar el transporte del área metropolitana, están en permanente estudio y discusión. El aeropuerto de Alvedro sigue pendiente de ultimar un sistema de navegación para su cabecera sur que evite los desvíos de vuelos por mal tiempo que le han ocasionado la pérdida de miles de pasajeros en los primeros meses de este año.

La Universidad coruñesa, ubicada en el área que genera más riqueza de Galicia, se ve obligada a renunciar por falta de medios a importantes proyectos de investigación que acaban de emigrar a otras latitudes, como acaba de ocurrir con el Centro de Innovación Tecnológica pata la Autonomía Personal de los Mayores y los Colectivos Dependientes, liderado por el catedrático Javier Cudeiro. El Instituto Galego de Estatística ha encendido las alarmas al desvelar que A Coruña perdió desde 2011 el 15% de su relevo generacional, la franja de habitantes entre 20 y 35 años, que se ha marchado en busca de oportunidades profesionales a otra parte.

Esas son las cuestiones que quitan el sueño a los ciudadanos, hartos de ser considerados como tales solo a la hora de introducir la papeleta en la urna, mientras que las ansiadas soluciones a sus crecientes problemas se eternizan. Los coruñeses demandan que se resuelvan esas asignaturas pendientes que limitan su despegue y frenan sus esperanzas y calidad de vida. Con la verdad por delante y sin promesas demagógicas, como hipotéticas bajadas de impuestos cuando la Comisión Europea acaba de emplazar al futuro Gobierno después de las elecciones para una nueva ronda de recortes sociales. El sentido común de los electores tiene en mente un lema que deberían hacer suyo todos los candidatos: más soluciones y menos retórica política.