La Estrecha de San Andrés

La Coruña más social

14.06.2016 | 01:25
La Coruña más social

Mi religión me impide que un paciente se quede sin operar por dinero, asegura el cirujano Pedro Cavadas. La renta social promovida por el Gobierno local coruñés viene a decir algo parecido: como ciudadanos, como sociedad, como coruñeses, nos negamos a que nuestros vecinos enfermen de pobreza. En principio, la propuesta abarcaría unas mil familias sin derecho a la Risga (Renta de Inclusión Social de Galicia), pero el horizonte resulta desalentador: una cuarta parte de los coruñeses está en riesgo de exclusión junto al 26% de los gallegos que vive con menos de 650 euros al mes, según los últimos datos del INE. No hablamos de casos aislados, hablamos de un porcentaje significativo de la población.

La iniciativa debatida ayer por el pleno municipal supone una ayuda de entre quinientos y mil euros a vecinos sin recursos a cambio de seguir una ruta de integración tutelada por los técnicos municipales durante seis meses. Una de las obligaciones es registrarse como demandante de empleo y no mendigar. El presupuesto para este programa es de 2,1 millones, calderilla al lado de los 27 millones del caso Someso, el deficitario ascensor de San Pedro, o los 18 millones de indemnización que se llevó el ex director general de la difunta caja de ahorros. Solo son tres ejemplos a vuela pluma.

Además de una iniciativa necesaria en una sociedad cada vez más castigada por la desigualdad, la renta social refuerza la cohesión del sistema al distribuir una parte de nuestros recursos por abajo. Pero lo más importante es el mensaje que transmite: se trata de una alternativa articulada como comunidad, como ayuntamiento, como vecindario, como iguales, basada en la solidaridad, condición superadora de la dádiva, la caridad y la beneficencia.

La renta social constituye una mínima aportación en comparación con una hipotética renta universal básica, un ingreso abonado por el Estado a todos los ciudadanos. No es precisamente la Europa de corte bolivariana la que debate actualmente esta propuesta. Suiza acaba de rechazarla en referéndum, el gobierno de centro derecha de Finlandia va a ensayarla a través de un programa piloto y Holanda la aplicará a pequeña escala en la ciudad de Utrech.

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