Editorial

La Xunta y los concellos deben tomarse la seguridad en las playas como algo más que una bandera azul

La responsabilidad de la seguridad en las playas comienza en el propio bañista, pero continúa en las administraciones, responsables de velar por la seguridad pública

18.07.2016 | 10:03

La bandera azul ha dejado de izar en las playas de Miño por la falta de socorristas. El caso de este turístico concello coruñés, en el que la Praia Maior disfrutaba de ese reconocimiento desde hace tres décadas, evidencia las dificultades de los ayuntamientos para contratar socorristas y garantizar una seguridad y vigilancia adecuada en los arenales. La pérdida de la bandera azul, un golpe simbolizado en las lágrimas del exalcalde de Miño y actual primer teniente de alcalde, Jesús Veiga, el pasado martes al dar a conocer la noticia, sacude la estima del Ayuntamiento pero la distinción, regulada y otorgada por una entidad privada, no debe distraer la atención de lo sustancial: la falta de socorristas en las playas.

El caso de Miño simboliza las dificultades que encuentran los municipios para cumplir con su competencia legal de prestar servicio de socorrismo en las playas. En Miño, el Concello ofertó trece plazas para las playas Grande, Perbes y A Ribeira y solo ha podido contratar a cuatro en tres convocatorias. El viernes, sumó a otros tres. A la primera no concurrió ninguno de los 33 aspirantes enviados por el Servicio Público de Empleo. En la segunda, solo tres de los treinta candidatos superaron las pruebas. En la tercera llamada, solo uno de los 27 aprobó y pudo ser contratado. Oleiros, uno de los primeros municipios en convocar las pruebas, en abril, necesitó dos convocatorias para cubrir todas las playas con los socorristas necesarios. Sada ha lanzado una convocatoria de urgencia al cubrir solo cuatro de las cinco plazas en el primer examen.

El problema se repite en muchos otros municipios de Galicia, con la consecuente incertidumbre sobre la protección de los bañistas. La competencia es municipal, pero cuenta con una subvención de la Xunta para la contratación de socorristas durante dos meses. La falta de recursos económicos de los concellos más pequeños y turísticos, como Miño, y la corta duración de la ayuda autonómica, que solo cubre dos meses de verano, convierten esta oferta laboral en poco atractiva para los aspirantes a socorristas, una profesión para la que deben superar un curso de capacitación de entre 340 y 420 horas que les cuesta entre 1.300 y 1.800 euros.

Ante la carencia de socorristas en las playas gallegas, el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, señaló el jueves, preguntado por los periodistas después del Consello de la Xunta, que el Gobierno gallego ayuda a "complementar" la respuesta de los ayuntamiento ante una competencia municipal. Feijóo destacó que su Ejecutivo aporta 1,5 millones de euros en ayudas a los concellos, una cantidad que, dijo, equivale al sueldo de 500 socorristas. El presidente gallego puso exclusivamente el foco de la responsabilidad en los ayuntamientos, a los que llamó a "asumir su corresponsabilidad" y a convocar los procesos de contratación con la diligencia "óptima" y antes, para tener margen en caso de contratiempo. Y se desentendió de las contrataciones de personal y las dificultades de los concellos para encontrar vigilantes, pese a que, admitió Feijóo, hay casi 5.000 inscritos en el registro gallego de socorristas.

El propio presidente de la Xunta sospecha que, si los socorristas acreditados no optan a los contratos municipales, quizás sea porque tienen mejores ofertas laborales. Lo que para Feijóo es una sospecha, para alcaldes como el de Oleiros, Ángel García Seoane, es una certeza motivada por el alto precio de los cursos de formación exigidos por la Xunta desde 2012.

Este argumento es compartido por la Federación Gallega de Salvamento y Socorrismo, cuya presidenta, Nuria Rodríguez, advierte hoy en el reportaje en profundidad que publica LA OPINIÓN de que el "problema viene de atrás" y que se agravará en el verano de 2017. Por "atrás" se refiere al decreto aprobado por la Xunta en 2012 para regular la formación mínima de esta profesión, que incluye la obligación de superar un curso que, por duración y coste, se equipara "casi con un máster universitario". Demasiado esfuerzo y gasto para optar a contratos, como mucho, de tres meses en las playas.

La Federación Gallega de Salvamento y Socorrismo responsabiliza de estas exigencias a los mandatarios de Emerxencias de la Xunta por "legislar sin saber cómo trabaja el socorrista". "No comieron arena en la playa para saber lo que hace", resume Nuria Rodríguez. La federación apuesta por una correcta formación profesional de los socorristas, acorde con las situaciones de riesgo a las que se ven abocados, pero modulando las exigencias a los salarios y la duración de los contratos a los que se puede aspirar. "Si se cobran más de mil euros por un curso, la gente prefiere irse a trabajar de camarero o de monitor de campamento".

La ausencia de socorristas en las playas va más allá de la pérdida de una bandera azul. En juego está la seguridad de los bañistas, a los que, no obstante, se les debe exigir prudencia en los arenales y que cumplan las señalizaciones de seguridad. Tanto los concellos como la Xunta pueden y deben ser más diligentes en este asunto.

A los municipios se les debe exigir presteza y planificación en la contratación de los socorristas. Nada excusa que convoquen las plazas de socorristas con el verano ya iniciado y con procesos de contratación de vigilantes abiertos en pleno mes de julio, como está sucediendo. Adelantando las convocatorias de plazas a principios de año se aseguran margen de tiempo para reaccionar ante la adversidad que supone la falta de aspirantes.

La Xunta debe evaluar si el decreto de socorrismo de 2012 ha cumplido su misión o si, como alerta la Federación Gallega de Salvamento y Socorrismo, entorpece la cobertura de estas plazas. No se trata de rebajar las exigencias de formación de estos profesionales, porque detrás de ella está en juego la seguridad de los bañistas, sino de acomodarla a una realidad laboral que se ha demostrado incompatible con ese decreto. La responsabilidad de la seguridad en las playas comienza en el propio bañista, en que cumpla las normas y no asuma riesgos que pueden ser críticos, pero continúa en las administraciones, responsables de velar por la seguridad pública.

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