Los trabajadores de la Estiba, son aquellos que se encargan de gestionar en los puertos, la carga y descarga de los buques. En España tenemos 46 puertos de los llamados de interés general, llamados así, por ser estas infraestructuras claves para la economía nacional. Tanto es así, que por ellos pasa el 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones, así como el 53% del comercio exterior con la Unión Europea y llegando al 96% en el caso de los terceros países.

Las Sociedades Anónimas de Gestión de los Estibadores Portuarios (SAGEP), fueron creadas por la Ley 33/2010 de 5 de agosto y son las que sustituyen a las antiguas Agrupaciones Portuarias de Interés Económico, que a su vez estas ultimas surgen de las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba (SESTI). En el año 2003 se daba un plazo de seis meses para que las SESTI, se transformasen en Agrupaciones, y en el 2005 se prorroga dicho plazo en 18 meses, en ambos casos mediante los correspondientes Reales Decretos. En definitiva, cinco años para que se llevase a cabo la correspondiente transformación, sin que ningún Gobierno del Sr. Zapatero (2004-2010) de esos años hiciese algo para hacer cumplir la normativa vigente en aquellos momentos. Es en el año 2010 con la Ley 33 citada, y en su artículo 147, cuando se les exige a las antiguas Agrupaciones y a las Sociedades Estatales, que se conviertan en SAGEP.

En el artículo 133 de la Ley 33, se dice en resumen, que la SAGEP, es una sociedad anónima mercantil privada que tiene por objeto social, poner a disposición de sus accionistas, aquellos trabajadores, por ella contratados, que estos demanden, para el desarrollo de las actividades de manipulación de mercancías en los puertos de interés general, así como ofrecer la formación adecuada a los trabajadores.

El 11 de diciembre de 2014, gobernando en España el SR. Rajoy con mayoría absoluta, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dicta sentencia por la que se obliga a España a no vulnerar el "derecho de libre establecimiento", y en consecuencia, han de ser las propias empresas estibadoras las que han de gestionar la demanda de la necesaria mano de obra. En la misma sentencia se condena a nuestro país, a pagar una multa de cerca de 28.000 euros diarios, ascendiendo a día de hoy a 23.000.000 de euros, de cuyo importe son responsables el Sr. Zapatero y el Sr. Rajoy, por su ineptitud, e incapacidad para cumplir con la sentencia del TJUE, seguramente porque al año siguiente había elecciones generales (que es lo que le preocupa a nuestra clase política). A partir de ahora, la multa será de 135.000 euros diarios, mientras no se adapte nuestra legislación a lo reflejado en la sentencia citada. La ministra de Fomento en la etapa 2011-2016 era la actual presidenta del Congreso Ana Pastor, y el Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras el actual ministro de Justicia, Sr. Rafael Catalá, en el trienio 2011-2014. Ninguno de los tres últimos, actualmente ejerciendo cargo político, han pedido perdón al pueblo español, por su irresponsabilidad e ineptitud política, si no que pretender responsabilizar a los ciudadanos en su conjunto del pago de la multa que se nos avecina. Lo justo sería que la tuviesen que pagar los partidos políticos que sustentaban a los políticos ineficaces, que nos llevaron a la presente situación. ¡Que gran país hubiéramos sido, si tuviésemos unos políticos normales!.