A raíz del luctuoso suceso de la muerte de un niño de 11 años, presuntamente provocada por su padre, que, según parece, presenta un trastorno psiquiátrico, me ha venido a la memoria un artículo publicado años atrás en este mismo diario (el 21 de noviembre de 2010) bajo el título El silencio de las víctimas y que recobra, tristemente, actualidad.

Los hechos los refleja una viñeta de este mismo periódico en la que se veía el ascenso hacia el cielo de un ángel de blanco impoluto, en un negro día y ante la mirada de una Torre de Hércules encorvada. Representarse cómo pudo acontecer el crimen es estremecedor.

A modo de otro ejemplo, se celebraba este miércoles un juicio en la Audiencia Provincial de La Coruña por el intento de homicidio de un joven hacia su novia, concurriendo en el acusado un trastorno esquizofreneiforme, y solicitando el fiscal quince años de internamiento psiquiátrico.

De aquel extensísimo artículo extraeré algunos párrafos, y después de relacionar numerosas noticias relacionadas con el tema decíamos:

"?Podríamos llenar miles de páginas con noticias que siguen el mismo patrón. Estamos, pues, acostumbrados a ver, escuchar y leer en los medios de comunicación la noticia de personas fallecidas o agredidas a causa del acometimiento de una persona con trastorno psíquico. Es un goteo incesante, silencioso y diseminado en las páginas de los diarios y en las ediciones de los noticiarios de radio y televisión, que estadísticamente está muy por encima de las agresiones y muertes en supuestos de violencia de género, pero que, sin embargo, no adquiere la misma atención y relevancia. A pesar de las distintas recomendaciones y esfuerzos organizativos y preventivos que a nivel institucional se realizan, los indicadores de salud mental se están deteriorando. Las cifras de enfermos mentales, incluyendo aquí adicciones, se disparan de forma alarmante, y en especial en gente joven, constituyendo un serio problema, no sólo sanitario -en el que el protagonista es el propio paciente- sino que afecta a la estructura familiar -recordemos el sufrimiento de los padres que cuidan a hijos en esta situación- y alcanzan al resto de la comunidad. En los años sesenta surge un movimiento mundial de defensa de los derechos de los enfermos mentales, que supuso la crisis del sistema asistencial de aquella época, centrado en torno a la institución del manicomio. Esta revolución pasaba por el desarrollo de una psiquiatría en la comunidad, una vuelta del enfermo a la sociedad, de la que no debía ser aislado para su tratamiento, salvo casos excepcionales. Este novedoso y bienintencionado enfoque psiquiátrico se encontró y encuentra con la insuficiencia de estructuras extrahospitalarias. Esta nueva orientación ha supuesto que la carga asistencial del enfermo mental recaiga sobre las familias y las estructuras sociales, lo que provoca a diario grandes tragedias, y además que los internamientos sean cíclicos y numerosos"

El ordenamiento español recoge la figura del internamiento judicial forzoso de personas por razones de trastorno psíquico en el art. 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El problema se plantea cuando el internamiento llega a su fin, y exponíamos en el artículo referido que "? llegados a este punto es donde se producen graves problemas. Existe una gran parte de enfermos psíquicos que están sometidos a internamientos cíclicos. Finalizada la medida, el sujeto retorna a su modo de vida habitual, y si es el caso, que acostumbra a serlo, con las pautas de medicación oportunas. Lo que suele acontecer es que abandonada la medicación el cuadro se vuelve a reproducir lo que provoca con frecuencia una nueva situación de peligro para el propio sujeto y para su entorno familiar y allegados, cuando no para terceros. Los familiares con los que convive, por ejemplo, no son capaces de conseguir que el enfermo tome la medicación prescrita y se produce de nuevo su desestabilización. Si se llega a tiempo el mal es menor, mas cuando no es así estamos en presencia de una nueva tragedia. Como consecuencia de las manifestaciones clínicas derivadas de la enfermedad, se presenta riesgo directo para el propio paciente, tal y como sucede en las tentativas o amenazas claras de suicidio, autolesiones, fugas, etc. Además se aprecian signos de enorme agresividad hacia los familiares con los que cohabitan, hacia terceros y hacia las cosas. Para evitar estos sucesos debiéramos prestar atención suma a la situación del enfermo tras su salida del centro. Es aquí donde entiendo que radica el problema. Una vez que el sujeto abandona el establecimiento sanitario se deja al azar el cumplimiento del tratamiento prescrito. El propio paciente suele rechazar el mismo y los que con él conviven -en muchas ocasiones sus padres de avanzada edad- después de utilizar mil y una argucias para suministrárselo, no lo consiguen. El enfermo se descompensa nuevamente, con comportamientos agresivos del que son blanco sus seres más queridos. La medida que podría paliar en gran manera los graves y luctuosos resultados consistiría simple y llanamente en no desentenderse del enfermo, en controlar ambulatoriamente el seguimiento de las pautas de medicación, de tal modo y manera que ante la primera falta de asistencia al centro de suministro y control, saltaran todas las alarmas y se presentase el personal sanitario, con auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario, en su domicilio, o se procediese a su localización y ello con el fin de constatar la situación del enfermo, y en su caso, adoptar o instar las medidas necesarias. Este control posterior, una vez externado el enfermo es fundamental, y es lo que se echa en falta cada vez que contemplamos como, por ejemplo, un hijo con trastornos psíquicos hiere gravemente o mata a sus padres o familiares, o simplemente deambula por la calle con riesgo para los transeúntes. Entretanto no se aborde de esta manera, o de otro modo similar, la cuestión, tras internamientos cíclicos (evidentemente necesarios) presenciaremos tragedias igualmente periódicas. Y es que el tratamiento del enfermo mental en sociedad debe ir acompañado necesariamente, como las dos caras de una misma moneda, de un extremo control sanitario y asistencial sobre sus actos, y no únicamente durante su fase de internamiento, pues, de lo contrario, seguiremos asistiendo atónitos e impotentes a infaustas situaciones. La protección ha de darse al enfermo, pero también a los demás ciudadanos y a los familiares que soportan estas desgracias. Algo falla en el sistema cuando esto sigue sucediendo. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir asistiendo al silencio abnegado de las víctimas?".

Las medidas represivas son un paupérrimo remedio, son las preventivas las que podrían salvar muchas vidas.

Las históricas clínicas que custodia el sistema de salud, público o privado, y la actuación judicial por la vía del internamiento forzoso, entre otras medidas cautelares, son instrumentos que adecuadamente conjugados y coordinados nos permitirían alcanzar grandes resultados en términos de vidas.

En síntesis, todo aquel enfermo psiquiátrico del que conste diagnóstico ha de ser sometido a una vigilancia extrema y periódica que permita intervenir en el momento que el individuo pueda suponer un peligro para sí o para terceros. Es fácil armonizar los medios y con un coste económico mínimo, si es que podemos reparar en esto último cuando de evitar muertes y agresiones se trata.