Editorial

Urge corregir la discriminación financiera de la Universidad coruñesa

04.06.2017 | 01:47

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de darle un tirón de orejas a la Xunta por perjudicar a la Universidade da Coruña (UDC) en el reparto de financiación entre las tres instituciones académicas gallegas entre 2011 y 2015. El fallo del Superior tumba esta injusta distribución de fondos universitarios que ha venido marginando a la Universidad coruñesa y ordena a la Xunta devolver a la institución coruñesa lo que correspondía y que no se le entregó.

Los magistrados han estimado el recurso judicial de la universidad coruñesa, que reclama 7,5 millones por la falta de cumplimiento del plan de financiación al que dieron el visto bueno en diciembre de 2010 el Gobierno gallego y los tres rectores, con un voto particular discrepante de A Coruña. El Superior considera que la UDC recibió menos ayudas de las que le correspondía porque la Consellería de Educación cambió el criterio de reparto del fondo estructural de las universidades, que es la partida "más importante".

La institución coruñesa argumentó que las cantidades abonadas por el Ejecutivo autonómico al aplicar el criterio histórico vulneraron el principio de seguridad jurídica, de estabilidad financiera y la suficiencia, así como la equidad institucional, pues los cálculos fueron realizados de una forma unilateral por la Xunta. Los jueces le dan la razón y ordenan en la sentencia a la Consellería de Educación aplicar entre 2012 y 2015 los mismos parámetros de 2011 para determinar la cuantía que le correspondería haber recibido a cada organismo académico en función de la variable histórica. La UDC cuantifica las pérdidas en 7,5 millones y el TSXG decreta que la Xunta, cuando calcule nuevamente el reparto de fondos, en ningún caso podrá reconocerle una cantidad superior a la reclamada en la demanda.

En 2011, el primer año de aplicación del plan de financiación acordado en 2010, se repartieron 290 millones de euros correspondientes al fondo estructural, de los que 123,7 fueron a la Universidade de Santiago; 88, a la de Vigo y 78,3, a la de A Coruña. A partir de 2012 se acordó que la distribución se realizaría en función de nuevos criterios que se aplicarían de forma progresiva. Fue a partir de 2012 cuando la Xunta erró al aplicar los parámetros variables y calcular las subvenciones que debía abonar a cada una de las tres universidades gallegas, según concluye la sección primera de la sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG.

Los magistrados del Superior consideran que se produjo un efecto de amplificación a la aplicación de los criterios variables que exceden de lo previsto en el plan de financiación, que la UDC probó que hasta julio de 2014 la Xunta solo comunicaba cómo liquidaba el porcentaje afectado por los indicadores, pero no cómo se fijaba el porcentaje que le correspondía a cada universidad gallega en base a los criterios históricos.

Además, el fallo reconoce que la normativa ordenaba deducir de la partida los gastos derivados de los sexenios y los complementos. Aunque estas cantidades debían ser excluidas de los criterios de reparto, la Xunta las tuvo en cuenta. La Administración gallega contravino los acuerdos del término de financiación, estiman los jueces del Superior.

Cuando a la institución académica coruñesa le informaron en 2014 de los cálculos, detectó el error en la aplicación de las normas de reparto relacionadas con los criterios históricos y cifró la deuda de la Xunta en 7,5 millones -7,3 millones más 216.600 de intereses-.

La Consellería de Educación avanzó que no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior que le obliga a devolver a la Universidade da Coruña los fondos que no le abonó debido a una errónea aplicación de los criterios de cálculo establecidos en el plan de financiación 2011-2015 y que se está buscando una solución negociada con el Rectorado coruñés.

Esta solución no se puede dilatar más. El rector coruñés, Julio Abalde, considera que la sentencia confirma que la Universidade da Coruña no recibió en estos últimos años con el anterior plan los fondos económicos que le correspondían y confía en que la negociación abierta con la Xunta para cumplir la sentencia repercutirá sin duda, en una mejor financiación para la UDC.

Es lamentable que la Universidad coruñesa tuviera que acudir a los tribunales para corregir una injusticia que los datos, como evidencian los magistrados en su sentencia, mostraban con toda claridad. La institución académica coruñesa, y con ella la propia ciudad, sufrió ya en estos últimos años las consecuencias de esa falta de financiación con obligados recortes que afectaron a la excelencia de la investigación.

En un efecto dominó, estas carencias en los proyectos de investigación provocan además que la institución docente coruñesa reciba menos fondos del Gobierno que las otras universidades gallegas, acrecentando su marginación financiera.

Lo que toca ahora por parte de la Xunta, sin más dilación, es corregir lo antes posible una política de reparto de fondos que ha perjudicado injustamente a la Universidade da Coruña.

El área coruñesa concentra la generación de riqueza en Galicia. Es inconcebible que como contrapartida tenga una enseñanza superior, lastrada por una insuficiente financiación autonómica que el propio Tribunal Superior de Xustiza ha condenado.

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