Editorial

Un modelo de financiación justo para Galicia

17.12.2017 | 03:32

Los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP); Asturias, Javier Fernández (PSOE); y Castilla-León, Vicente Herrera (PP), se han unido en una reclamación institucional conjunta al Gobierno de Mariano Rajoy que demanda para las tres comunidades autónomas del Noroeste un modelo de financiación autonómica justa y sin privilegios particulares.

En su argumentario, expuesto por los tres en sendos artículos publicados el pasado domingo en las páginas de LA OPINIÓN, advierten del peligro de que el reparto financiero interterritorial se convierta en moneda de pago para solventar conflictos como el de Cataluña o bálsamo para quejas como las de otras comunidades poderosas como el País Vasco, Madrid o Valencia, en perjuicio de otras con menos recursos, como Galicia, Asturias y Castilla-León.

Los presidentes autonómicos del Noroeste reclaman una financiación que sea el resultado de un consenso múltiple entre todas las comunidades y no una componenda de negociaciones bilaterales con determinadas autonomías y exigen que garantice a todos los ciudadanos el acceso a los mismos servicios de calidad, con independencia de la capacidad de generación de recursos tributarios de la comunidad en la que residan.

Galicia, Asturias y Castilla-León, que comparten problemas comunes como el envejecimiento y dispersión de su población, que tienen unos devastadores efectos en el gasto de servicios públicos como sanidad, dependencia y educación, han aparcado sus diferencias políticas para mantener una posición común en la negociación del nuevo modelo.

Basta con recordar que Galicia tiene la mitad de los núcleos de población de toda España y el 25% de la población mayor de 65 años para comprender que cualquier modelo de financiación que no contemple estas particularidades en los criterios de reparto resultaría absolutamente injusto.

Y ese será sin duda el nudo gordiano de las próximas negociaciones que se abran para decidir el nuevo mapa de financiación de las autonomías. Las comunidades más ricas y densamente pobladas apuestan por criterios de reparto planos, solo en función del número de habitantes de una comunidad, sin reparar en las dificultades intrínsecas que merman considerablemente los recursos de autonomías como Galicia.

Resulta evidente que hacer tabla rasa a la hora del reparto, sin incluir los parámetros desequilibradores como la dispersión y el envejecimiento, ahondará todavía más las ya notables desigualdades económicas y sociales entre las comunidades españolas. Y penalizará sobremanera a Galicia.

En realidad, Galicia ya resulta perjudicada con el actual modelo, como acaba de revelar un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) conocido el martes pasado, que sostiene que la comunidad gallega está peor financiada por el Estado en comparación con otras autonomías fuertemente endeudadas como Cataluña o Valencia. Por increíble que parezca, el Gobierno está premiando a las comunidades más endeudadas, como Cataluña y Valencia, a costa de las que han acometido duros ajustes del déficit en estos últimos años, con dolorosos recortes que han hecho mella en los servicios sociales, como es el caso de Galicia.

La clave está en el complejo mecanismo de los dos fondos creados por el ministerio de Luis de Guindos para sufragar los gastos de las autonomías, el de Facilidad Financiera (FFF), para las cumplidoras y el de Liquidez Autonómica (FLA), para las endeudadas.

El informe de Fedea constata que los préstamos bonificados del FLA para pagar la deuda autonómica, que asciende a 150.000 millones, acaban siendo inyecciones de fondos camufladas que mejoran la ratio de la financiación por habitante de estas autonomías, cuyos ingresos son a la postre mayores que los de las comunidades que se apretaron el cinturón.

La reforma de la financiación autonómica arrastra ya una demora de tres años y las nuevas fechas propuestas son objeto de continuos aplazamientos. Rajoy había prometido que el acuerdo estará listo a finales de este año, algo que parece imposible. Las negociaciones podrían empezar a inicios de 2018, tras las elecciones catalanas, lo que las convertirá en un avispero político.

Una de las razones que explica este atraso es que el Gobierno carece de un criterio claro para abordar una reforma compleja y potencialmente conflictiva. De hecho, no hay ninguna idea sobre la mesa, más allá de vagas alusiones que nunca entran al fondo del asunto.

Otra cuestión que tensa el panorama autonómico y que realmente es una clara ruptura del principio de igualdad de financiación de las comunidades es la aprobación este año por el Gobierno de un suculento cupo vasco que el PNV calificó sin el menor recato de una auténtica lluvia de millones para Euskadi.

En la política española se ha convertido en costumbre comprar la estabilidad política con miles de millones del presupuesto general. Con dinero de todos que acaba beneficiando a unos pocos sobre la mayoría.

Esta es justamente una de las asignaturas pendientes: unas transparentes reglas del juego que asienten un sistema de financiación autonómico normalizado que no se adultere con acuerdos bilaterales y compensaciones arbitrarias, que nada tienen que ver con las necesidades reales de gasto, a cambio de apoyos políticos.

Nadie niega la gravedad de algunos desafíos como el independentista en Cataluña, pero sería un tremendo error caer en la tentación de diseñar el nuevo modelo de financiación como una solución a la carta para este conflicto.

La filosofía del sistema de financiación autonómica no puede ser otra que la de garantizar con equidad el Estado de Bienestar. Consecuentemente, la cuestión clave en las negociaciones del nuevo modelo será determinar el grado de solidaridad entre las comunidades ricas y pobres. Para que la grieta del edificio común no se agrande.

Las comunidades autónomas soportan más de una tercera parte del gasto total del Estado y mantienen a más de la mitad de los trabajadores públicos. La gestión de servicios vitales como la sanidad, la educación o la dependencia las convierten en la columna del bienestar social del Estado. Quebrar la igualdad de acceso a estos servicios supondría el principio del fin de un proyecto común en España.

En este sentido, Galicia es un paradigma. Sus circunstancias territoriales y demográficas, la dispersión y el envejecimiento, gravan esos servicios mucho más que en otras comunidades. Un modelo de financiación que no lo contemple sería injusto e inaceptable.

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