La Consellería de Sanidade evita pronunciarse sobre la propuesta de la patronal farmacéutica gallega presentada a la Xunta el pasado día 14 de excluir de la financiación pública los fármacos para dolencias menores que cuestan menos de dos euros, lo que permitiría a la comunidad ahorrar 40 millones de euros al año. El Sergas aseguró ayer que defiende un modelo sanitario "público, equitativo y único para toda España", a la espera de las medidas de contención de gasto que decida el Gobierno central. Precisamente, en Madrid también está abierto el debate sobre la posibilidad de dejar de financiar medicinas de hasta tres euros de precio. El departamento que dirige Pilar Farjas recordó, además, su apuesta por iniciativas como el catálogo gallego de fármacos, "que demostró su eficacia en la protección del modelo sanitario público".
Mientras el Sergas mantiene su hermetismo sobre la propuesta de la patronal farmacéutica, asociaciones de pacientes y la plataforma en defensa de la sanidad pública muestran su "absoluto rechazo". Los sindicatos se oponen desde el mismo día de la presentación. Lola González, de CCOO, considera "inaceptable" que la propuesta de exclusión salga del sector farmacéutico. "Se adoptaron los genéricos, que supuso un ahorro en la factura sanitaria y también una caída de ingresos para las boticas. Para los pacientes polimedicados sería nefasto. No pretendamos cargar a los pacientes con más gastos y distingamos entre financiación pública y negocio, por favor", argumentó González.
"¿Pagar medicamentos de dos euros cuando hay pensiones de 400 al mes? Consideramos impensable cualquier medida que perjudique al paciente. Con esto se daña el bolsillo de los que menos tienen. Lucharemos por una sanidad pública, universal y gratuita; que el ciudadano no tenga que pagar lo que otros malgastaron". La Defensora del Paciente, Carmen Flores, expone un "no en mayúsculas". Ayer mismo Baleares aprobaba, como antes lo hizo Galicia, el cobro de 10 euros por cada tarjeta sanitaria nueva. "Es inaceptable, como todas las iniciativas de Cataluña, cuando hay muchas otras vías para conseguir ahorrar", añade.
Derechos y ahorro
Tanto el catálogo de medicamentos, aprobado a principios de 2011 por la Xunta para incrementar el uso de genéricos excluyendo de la financiación las medicinas más caras, como los decretos del Gobierno implantados este año y que abarataron para todo el país el precio de los medicamentos, contribuyeron a rebajar la factura farmacéutica. Pero esta reducción no parece ser suficiente debido a la deuda acumulada de la sanidad pública (entre 15.000 y 18.000 millones de euros en el país).
Ambas medidas, tanto el catálogo como los precios de referencia, ayudaron a ahorrar en el sistema sanitario público sin perjudicar la economía de los pacientes. Ahora es la patronal farmacéutica la que propone a la Xunta que deje de financiar medicinas destinadas a "patologías menores" y que mucha gente ya compra directamente, sin necesidad de buscar receta, como ibuprofeno para el dolor de cabeza u omeprazoles (protectores de estómago).
La federación de boticarios es consciente, y así consta en la propuesta, de que ha de ser el Ministerio de Sanidad el que adopte medidas de este tipo, de la exclusión de ciertos fármacos de la Seguridad Social, como a finales de los 90 se hizo con la Aspirina o el Frenadol, cuando ocupaba la cartera ministerial Romay Beccaría.
Para Manuel Martín, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, la idea de excluir fármacos de la financiación pública "no es otra cosa que copago". "El 60% de la gente gana menos de 1.000 euros, por no hablar de los pensionistas, muchos de ellos crónicos, a los que se les puede ir parte de su modesta pensión en fármacos", explica Martín, quien recuerda que la clave para el control de las prescripciones está en el médico y no en el paciente. "Considero, además, indecente que sean farmacias las que hablen de esto, que tienen garantizada su clientela gracias a la Seguridad Social; un sector muy amparado y protegido", concluye.
Desde el sindicato médico Omega, Víctor Crespo también muestra su rechazo. "Habría mucho que explicar en Galicia si se llega a aprobar algo así. Sin entrar en otras comunidades, en la nuestra ya tenemos un impuesto sanitario: un céntimo por cada litro de gasolina va para la financiación de la sanidad, por poner un ejemplo. Además, medidas así para todos igual, sin distinguir rentas, serían injustas", apunta.
La propia presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, Rosa Lendoiro, pidió ayer "a otros agentes del sector precaución a la hora de apoyar medidas de ahorro sanitario que van contra el ciudadano". "Perjudican al ciudadano y, en particular, a las rentas más bajas, cuando muchas personas están siendo fuertemente afectadas por la crisis", expresó Lendoiro. El colegio coruñés defiende el sistema actual, basado en una "sanidad universal, equitativa y gratuita". En definitiva, "apoyar medidas para la sostenibilidad siempre y cuando no castiguen al paciente". En cualquier caso, Lendoiro advierte de que este tipo de medidas no deben ser adoptadas a nivel de las comunidades autónomas, sino "objeto de estudio en el Consejo Interterritorial de Salud, con el fin de ser implantadas en el ámbito nacional".
Para el presidente de la Federación Gallega de Farmacéuticos, José Luis Rodríguez Dacal, el problema es que "la sanidad pública no tiene dinero". "Para los crónicos no supondría un problema porque todos los tratamientos de cardio, asma, colesterol, diabetes o tensión cuestan más de dos euros porque son patologías mayores y todo eso seguiría financiándose. Sería para fármacos de dolencias menores, que la gente muchas veces ya compra directamente sin necesidad de ir al médico", aclara.
