Hace solo unos días, un Juzgado de Menores dictaba una sentencia por la que declaró responsable de un delito de violencia en el ámbito familiar y tres de violencia doméstica -física y amenazas leves- a un menor de edad. Entre los hechos, se relata: "en una ocasión, el chico intentó apalear a su padre cuando éste le reprochó que había llegado tarde a casa. Unos días después, tras castigarlo sin salir un fin de semana, el chaval arrojó enseres contra las paredes del domicilio y dio patadas y cabezazos a su progenitor. Otros asuntos probados recogen reacciones similares con su madre". Aunque son casos excepcionales dentro de los cientos de menores que mantienen la educación y respeto por sus mayores, este tipo de situaciones causan una gran conmoción social. Lo más frecuente, según psicólogas especializadas, "son las disputas subidas de tono; los padres sienten y manifiestan que los hijos les han perdido totalmente el respeto".

Y la violencia de hijos con sus padres también es una realidad en Galicia. Aunque no se constatan situaciones tan extremas como en otras autonomías -Fiscalías como la de Andalucía alertaron de la saturación de los recursos para atender a los agresores y la Fiscalía General del Estado lanzó una voz de alarma sobre esta violencia de menores a sus padres-, los expedientes abiertos por "incapacidad de control de la conducta de los hijos" se mantienen en la comunidad gallega. La Xunta abrió 72 expedientes el año pasado por esta problemática, exactamente el mismo número que el año anterior, y recibió más de 120 llamadas de padres, alertando de la conducta de los hijos.

Once menores fueron tutelados por la Administración ante la imposibilidad de los padres de manejar la situación. La Consellería de Traballo e Benestar asegura que de estos 72 expedientes incoados, por la incapacidad de los padres de hacerse con el control de un hijo violento o problemático, en once ocasiones y a petición de los progenitores, la Xunta asumió la guarda del menor. En dos de estas situaciones, la guardia de la Xunta se asumió por resolución judicial. Y en otros 26 casos se adoptaron medidas de apoyo, manteniéndose la convivencia del menor con sus padres. En el resto de expedientes abiertos durante 2011, o bien se cerraron sin la necesidad de adoptar alguna medida, o bien continúan actualmente en estudio.

Pero otro tipo de alerta, la telefónica, aumenta. Hasta 200 padres que consideran que están en situación de riesgo alertaron a la Administración por vía telefónica. El año pasado la Consellería registró en el teléfono del menor hasta 84 llamadas en las que los progenitores relataban dificultades de conducta de su hijo de menos de 18 años, y otras 40 relativas a dificultades en la relación entre padres y menores de edad.

Hay que tener en cuenta que los menores conflictivos aún representan un porcentaje muy bajo del total de menores tutelados por la Xunta. Un total de 1.429 menores residentes en la comunidad gallega se encontraban bajo la guarda de la Administración el año pasado.

Para llegar a esta situación debe haber una alerta previa -del menor, los padres, servicios sociales o alguien del entorno del niño- sobre una situación de riesgo para el pequeño. Una vez comunicado a la Xunta y si se confirma que hay negligencia, el menor vivirá con una familia de acogida.