El Gobierno gallego está decidido a variar la fórmula con que tradicionalmente se han repartido las ayudas públicas entre las asociaciones de personas con dispacidad y ajustarla a la representatividad de cada una, es decir, dar fondos en función de la población que representa cada una de ellas dentro del colectivo. La Consellería de Traballo e Benestar ha propuesto a las 136 entidades asociadas en el Cermi (Comité de entidades de representantes de personas con discapacidad), que este año se repartieron tres millones de euros, adaptar progresivamente la distribución de fondos al volumen del colectivo que cada una representa en un proceso que prevé concluir en 2016. El Cermi ha aceptado este cambio, pero ahora ambas partes negocian calendario y fórmula de aplicación.
La modificación afecta a las ayudas destinadas al funcionamiento de las asociaciones y no afecta a las plazas concertadas que financia el Ejecutivo en centros de día o residencias, sistema que no prevé modificar y que constituye una cantidad muy superior a los citados tres millones. Solo los conciertos para casos de dispacidad intelectual -el 90% del total- alcanzan los 29 millones anuales.
Hasta ahora las subvenciones para el funcionamiento de estas entidades se repartían sin un criterio claro más allá de la renovación de los convenios firmados hace años por anteriores administraciones, alegan fuentes del departamento de Beatriz Mato.
En la actualidad existen diferencias entre los fondos recibidos por algunas asociaciones y el colectivo de ciudadanos que representan. Por ejemplo, las 51 asociaciones de discapacidad física -física orgánica representadas por Cogami o de daño cerebral englobadas en Fegadace- representan al 56% de la población con algún tipo de discapacidad, pero tan solo reciben el 28,1% de esos 3 millones de ayudas públicas. En el otro fiel de la balanza se encuentran las 76 entidades que representan a las personas con discapacidad psíquica como Down Galicia, Fademga o Aspace, entre otras- que alcanzan el 8% de todo el colectivo gallego con casos de discapacidades intelectuales, parálisis cerebrales o autismo, y el 22% en el caso de las enfermedades mentales. A pesar de ello, reciben el 31,2% y el 15,4% de fondos respectivamente, según datos de la Consellería.
Benestar, que abrió la negociación en junio, se sentó esta misma semana con el colectivo para pactar la implantación de un nuevo sistema de forma "gradual y consensuada" y ahora espera sus propuestas. Una de las que ya le ha llegado es excluir de los porcentajes para definir la representatividad de cada entidad a los mayores de 65 años. La intención del departamento de Beatriz Mato es cerrar en días el nuevo sistema.
El calendario que propone Benestar pasa por un cambio gradual que se cerraría en el año 2016 con las entidades de personas con discapacidad física recibiendo el 56% de fondos -representan el 56% del colectivo-; las de psíquica, el 11% (tres puntos por encima de su representatividad); las de personas con enfermedad mental, el 22%; y las de quienes tienen discapacidad auditiva el 11% (tres puntos por debajo de su peso en el colectivo).
