El Gobierno autorizará matrimonios y divorcios ante notario a través de una reforma del Código Civil que incluirá la futura Ley de Jurisdicción Voluntaria, fijando un arancel de 95 euros por enlace, si bien en el último caso estará sujeto a que no existan menores y se produzca de mutuo acuerdo entre la pareja.

Así lo anunció ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, asegurando que se trata de una medida que permitirá agilizar las listas de espera del Registro Civil con "un coste asumible dentro del coste general de celebración de una boda".

Ruiz-Gallardón explicó que no se trata de una privatización, puesto que es un nuevo servicio público que puede ser gratuito o estar sujeto a un precio. En este caso, el ministro recordó que los 95 euros es un precio inferior al propuesto por algunos ayuntamientos que optan por cobrar estos servicios.

"Con esta medida los registros civiles se verán descongestionados como ya pasó cuando se habilitó a los ayuntamientos y la idea es que no haya diferencia en la calidad del servicio", insistió Ruiz-Gallardón, quien apuntó que también supondrá ventajas como el hecho de que a partir de ahora pueda desplazarse el notario, algo que resultaba imposible para otros funcionarios públicos.

Hasta ahora, en España existían tres vías para la celebración del matrimonio: uno ante las confesiones religiosas con convenio en España, cuya celebración se inscribía en el registro; otro el proceso civil ante el encargado del registro civil (juez); y otro la celebración ante alcaldes o concejales.

"Hay una nueva oferta de servicios y había que fijar el arancel, que el Gobierno prevé fijar en una cuantía de 95 euros por cada matrimonio. Es una cantidad asumible dentro del coste general de celebración de una boda y no es un negocio jurídico", resaltó el titular de Justicia. En el caso del divorcio, Ruiz-Gallardón reiteró que únicamente podrá hacerse ante notario en los casos en los que no existan menores y exista mutuo acuerdo entre los dos cónyuges.

El Foro de la Familia denunció la medida adoptada ayer por el Gobierno, pues considera que "banaliza" el contrato matrimonial y lo "equipara a cualquier otro" contrato en cuanto a las formas de su origen y disolución y reclama al Ejecutivo que la retire.

"Históricamente el matrimonio era más que un contrato, era una institución; con las reformas del año 2005 y la que ahora anuncia el Gobierno pasa a ser bastante menos que un contrato", explicó la asociación, al tiempo que añadió que la medida va a "banalizar aún más en las leyes el contrato matrimonial".

Por otro lado, el Gobierno también incluirá otra modificación a través de esta futura ley para elevar de 14 a 16 años la edad legal para contraer matrimonio. Según explicó el ministro de Justicia, esta iniciativa pretende establecer un criterio homogéneo con la inmensa mayoría de legislaciones en el entorno internacional. "Ha sido un proceso de larga reflexión y es una propuesta en defensa de las menores", señaló.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado se casaron en España 268 menores de edad, de los que 81 tenían 15 años o menos.