La ley gallega que ayudó a la pequeña

Los parlamentarios que debatieron la norma de garantías de los enfermos terminales destacan la unanimidad y el consenso alcanzado en el debate

08.10.2015 | 00:53

La TV3, principal canal de televisión pública en Cataluña, entrevistaba hace unos días a la diputada Carmen Acuña, portavoz socialista de Sanidad en el Parlamento gallego, porque su grupo impulsó la recientemente promulgada ley gallega de derechos y garantías de los enfermos terminales. Consultan por qué Galicia ha promulgado antes que otras comunidades -incluida Cataluña- una ley "moderna" y "avanzada" para regular las circunstancias médicas, sanitarias y personales, históricamente tabú, que giran en torno a la muerte. Ese último estadío de los enfermos irreversibles. La diputada no tiene clara la respuesta -reconoce- pero sí que el caso reciente de la pequeña Andrea "ha servido (tristemente) para difundir esta norma autonómica". "Me imagino la dureza de la situación y espero que cuando pase este dramático episodio, los padres de esta menor valoren que ha valido para divulgar la ley", señala.

La ley gallega de derechos y garantías de los enfermos terminales -que se conoció coloquialmente como de muerte digna- fue aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios en junio de este año y promulgada al mes siguiente. Partió, efectivamente, de una proposición de ley del PSdeG. Aunque el PP había rechazado en el pleno del Congreso tramitar una propuesta similar, en la Cámara de Galicia ocurrió lo contrario y el dictamen se debatió y salió adelante con consenso de todos los grupos. Fue un ejemplo de unanimidad. "Aceptamos el debate y aceptamos la propuesta", recuerda el ponente del PP, Miguel Santalices.

"Estoy muy orgullosa de tener esta ley en Galicia", reconoce Carmen Acuña. "El texto que salió del Parlamento fue mejor que el que presentamos desde el PSdG, porque todos los grupos aportamos". La norma garantiza el respeto absoluto de la voluntad de los enfermos en la fase terminal, en lo referente a la adopción de las decisiones sanitarias, pero también "ampara un marco legal para los profesionales de cuidados paliativos, a quienes protege", explica. Desde el punto de vista del paciente, la ley integra el derecho a que los enfermos terminales "reciban los cuidados paliativos allí donde estén".

Igual de satisfecho de la ley que se aprobó en Galicia se muestra el portavoz del PP en Sanidad, Miguel Santalices. "Fue un trabajo interesante. Era un asunto espinoso pero necesario y ha sido ejemplo de unanimidad y consenso", señala. "Lo fundamental de esta ley es que elimina la objeción de conciencia, es de obligado cumplimiento", añade. También, que amplía la sedación en la agonía de los enfermos, de los hospitales a su domicilio o a los centros de Primaria o mayores. "Avanzamos en la intimidad del paciente terminal y, aunque es complejo hoy en día, avanzamos en facilitar un cuarto individual para el paciente terminal", asegura.

La diputada de AGE, Eva Solla destaca que "se regularon prácticas que ya se estaban realizando, como la sedación de personas terminales". También, que presentaron una enmienda respecto a la objeción de conciencia. "Quisimos que fuera de acatamiento obligado por parte de todo el personal sanitario". Ahora bien, Solla insiste en que el gobierno gallego está obligado a poner medios a su alcance para la difusión y el cumplimiento de la norma, en relación al caso de Andrea.

La diputada del BNG Montse Prado, que debatió la citada norma, asegura que le pareció "positivo" regular la cuestión", aunque el grupo nacionalista era más partidario incluir también la eutanasia, esta quedó totalmente fuera del debate (y de la ley) por ser contraria al Código Penal español. "La ponencia fue muy constructiva porque hubo voluntad de acordar sobre los procesos irreversibles del fin de la vida y también quedó regulado el tema de los menores", señala. Como idea a destacar, Prado incluye que "el criterio médico no debe de prevalecer sobre la decisión de los propios afectados". Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó ayer la ley gallega de muerte digna y sugirió que, si no existiese, el desenlace del caso de Andrea sería "distinto".

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