El Gobierno de Mariano Rajoy defiende un cambio en el sistema de financiación de la dependencia para fomentar la transparencia. "Hay una parte finalista, que es el nivel mínimo, que paga el Estado, y una parte que se paga a través de la Ley de Financiación de las Comunidades, que no es muy transparente y no se sabe en qué la gastan", declaró en agosto la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero. Esta abogó por una modificación "para que se sepa exactamente cuánto [dinero] y dónde llega", indicó a la Cadena COPE.
La celebración de las elecciones generales el 20 de diciembre deja en el aire este cambio, pues no está claro que al actual Ejecutivo de Rajoy le dé tiempo a acometer el cambio o si lo afrontaría en este período. La forma de financiación ha generado siempre críticas de las autonomías al Gobierno central por infrafinanciación. La ley establece que ambas administraciones deben cargar con el 50% del gasto cada una, pero no se cumple.
Galicia asume el 77% del gasto con 215 millones de euros, con cifras de 2014 citadas en el informe de la citada asociación. El Ejecutivo central aporta solo el 23% (64,7 millones). El peso del coste se divide en un 63,4% y un 19,1%, respectivamente, más un 17,6% de copago.
El estudio también destaca la "penalización financiera" estatal a la comunidad gallega, que apuesta por servicios frente a pagas. Esta es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de estos (75,5%).
