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Huelga de deberes en la pública

23.09.2016 | 10:24
Un niño realiza un ejercicio.
Un niño realiza un ejercicio.

Los padres de la escuela pública han decidido hacer frente a los deberes de sus hijo. La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) inició ayer una campaña contra los deberes, que incluye la negativa a que los hijos tengan que hacer tareas escolares en casa al menos durante los fines de semana de noviembre para comenzar a concienciar sobre lo que consideran un problema para alumnos y familias. Todo ello tras comprobar que el 48,5% de los padres consideran que los deberes de los hijos afectan de forma negativa a su vida familiar, según un estudio sobre los derechos de la infancia realizado por esta organización.

El objetivo de esta campaña es que los deberes desaparezcan en su "totalidad", indicó ayer el presidente de Ceapa, José Luis Pazos. Como señal de ir avanzando por este camino, estos padres se han propuesto que los profesores no encarguen tareas para los fines de semana de noviembre. Si no fuera así, las familias se negarían, planteó Pazos, y entregarían los lunes en el centro escolar un documento explicando los motivos por los que los hijos no han realizado las tareas.

Una revuelta contra los deberes que se anunció durante la presentación de los resultados de un informe en el que se encuestó a 1.748 padres y 472 menores durante el primer semestre del año, más del 90% de ellos pertenecientes a las escuela pública. El informe revela que el 20,24% de los padres indican que los alumnos dedican más de dos horas diarias a los deberes (superior a 10 horas semanales). El 39,44 % denuncian que los deberes entran en conflicto a menudo con las necesidades de los niños y el 29,41% de los menores sitúan el tiempo de los deberes por encima de las dos horas. Por su parte, cuatro de cada diez niños piensan que no respetan siempre su tiempo de jugar y descansar, y el 65,67 % aseguran que no hacer los deberes les perjudica.

Por otra parte, Pazos denunció una tendencia "al alza" en varias comunidades de "copagos" de las familias a los centros públicos (incluso se han "disparado") en dinero o en especie, lo que ha considerado "ilegal" e "irregular" si no se extiende un recibo. Pazos, que no ha ofrecido datos concretos de comunidades, centros o alumnado afectado, lo ha relacionado con la caída del gasto educativo público de los últimos años.

En cuanto a los libros de texto, el mismo estudio indica que una de cada cinco familias pasa apuros económicos por la compra del material al inicio del curso.

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