Galicia es ya la única comunidad española bajo amenaza terrorista, exceptuando la de radicales islámicos, una vez que el Grapo y ETA han dejado de atentar, según recoge la memoria de la Fiscalía General del Estado presentada ayer en Madrid.

La forma de actuar de las células de Resistencia Galega "de forma aislada y exteriormente individualizada" es la principal "dificultad" para actuar judicialmente contra la organización independentista gallega como banda armada, ya que proporciona apariencia de "desestructuración" al colectivo que "da cobertura a sus acciones violentas", según el documento presentado por el fiscal general, Eduardo Torres Dulce.

El ministerio público considera a Resistencia Galega heredera del Exército Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe y la vincula con siete atentados perpetrados durante el año pasado en Galicia. "No se trata de una organización al uso en la que se visualizan claramente sus estructuras de dirección, ejecución, captación o financiación", sino que lleva a cabo una actuación "solapada" con acciones terroristas "conscientemente aisladas en el tiempo y en el espacio", lo que hasta ahora conllevaba en opinión de la Fiscalía "una respuesta punitiva excesivamente leve en relación con la gravedad de los hechos cometidos.

El ministerio público, tras detectar "cierto nivel organizativo en la dirección, planeamiento y ejecución de las acciones violentas cometidas por elementos radicales con el objetivo de lograr la independencia de Galicia y el norte de Portugal", considera que todo ello viene a demostrar que el colectivo "entiende la lucha armada como un elemento prioritario y determinante en el proceso de liberación nacional".

Unas dificultades que han llevado a nombrar un fiscal coordinador especial en la Audiencia Nacional para abordar la lucha contra Resistencia Galega y que se superarán con la reforma del Código Penal aprobada en 2010 que tipifica el delito de integración en grupos terroristas con similares requisitos a los que se establecen para definir el grupo criminal, lo que lleva aparejada una pena de 8 a 14 años para los dirigentes y entre 6 y 12 para los miembros.